MADRID (25 Enero 2015).- Si no fuera por el robado
fotográfico de su paso por California en Año Nuevo, y de alguna otra salida
privada, cabría decir que el Rey Juan Carlos está missing, desaparecido, si no
escondido, de la escena institucional. El equipo de Zarzuela no ha programado
un solo acto oficial para el padre del Monarca en todo el mes de enero; lo que
contrasta con el creciente goteo de apariciones de Don Juan Carlos durante el
pasado otoño. Entonces la Casa ya ejercía un filtro sobre sus actividades, al
asumir -y por tanto, anunciar en agenda- sólo las encargadas por su hijo,
Felipe VI.
Pero el accidentado arranque de 2015 parece haber
influido en el enclaustramiento del antiguo monarca. La admisión por parte del
Tribunal Supremo de la demanda de paternidad de una ciudadana belga contra Don
Juan Carlos, ha caído como una chinita contra el cristal -aún no del todo
blindado- de la institución.
Claro que la Casa reaccionó con pretendida
indiferencia; una actitud oficialmente basada en la tesis de que, aunque a
diferencia de las hermanas del Rey, Don Juan Carlos sí forma parte de la
Familia Real, «él no tiene reconocidas funciones constitucionales». Para el
actual Monarca, cumplir con las propias es su único empeño hacia los españoles.
Pero la verdadera razón de esa indiferencia de la
Corona hacia el último escándalo que amenaza a la institución es que desde el
entorno del antiguo Rey no se desliza la menor inquietud por la suerte de la
demanda. Más aún, lo que se advierte -según las distintas y solventes fuentes
consultadas- es una auténtica confianza, si no una seguridad, en que ésta
quedará archivada.
Ingrid Sartiau junto al catalá Albert Sola que reclama también
pruebas de paternidad.
Y no porque se aguarde a la magnanimidad del
Tribunal Supremo, sino por la convicción y la tranquilidad con que el propio
Rey emérito niega los hechos. Tanto es así que en absoluto se descarta que Don
Juan Carlos acepte someterse a la prueba de ADN. Una decisión que tendría
complicaciones mediáticas a corto plazo pero que, si la rehuye, podría
representar un indicio en su contra, jurídicamente letal. «Está dispuesto a
hacerse la prueba», dice su entorno, pese a que la decisión no está tomada.
El
precedente de Leandro de Borbón
No obstante, y en el supuesto contrario -esto es,
que se probara la nueva paternidad del Rey emérito-, desde Palacio ya se
minimizan sus consecuencias, apelando a los precedentes. Precedentes tan
inocuos como el de Leandro de Borbón, quien presentó el 3 de diciembre de 2002,
ante el juez del Registro Civil de Madrid, un expediente de reconocimiento de
paternidad del Rey Alfonso XIII.
El auto de 21 de mayo de 2003 le dio la razón,
«acordando que en su Acta de nacimiento se haga constar que el inscrito es hijo
de Su Majestad don Alfonso de Borbón y Austria», y autorizándole a emplear el
apellido Borbón, sin siquiera haber requerido la prueba de ADN. Claro que el
paralelismo no sería total. La diferencia es que el abuelo de Don Juan Carlos
ya había fallecido.
Sea como sea, y siempre en el peor de los casos para
la Corona, la posición ya está definida en el sentido de abrir un nuevo
cortafuegos; uno más tras el cavado por la Casa hacia la Infanta Cristina por
el caso Nóos. Así, si el Supremo reconociera a Ingrid Jeanne Satiau como hija
del antiguo Monarca, La Zarzuela acataría la sentencia con el respeto de
siempre pero, sobre todo, lo haría como si ello no fuera con la institución.
La belga accedería a todos sus derechos civiles
-sobre todo, a efectos hereditarios-, pero no dinásticos. Sólo se trataría de
un Borbón más -un familiar, una hermana lejana del Monarca, si se quiere- pero
fuera, muy fuera, del círculo de la nueva Familia del Rey.
Por
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA/El Mundo
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