SANTO DOMINGO, República Dominicana (29 Junio
2015).- Barrick Pueblo Viejo informó este lunes que el Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez declaró como “inadmisible”
la acción de amparo incoada por Rafael Guillén Beltré para lograr el cese de
las operaciones de la empresa minera, “por tratarse de una acción improcedente,
mal fundada y carente de pruebas”.
A través de una nota de prensa, la minera dijo que
luego de un proceso legal que contó con audiencias de fondo de más de 16 horas
de duración, en las que ambas partes comparecieron ante dicho tribunal, la
magistrada Jacqueline Ynmaculada Ramos Ureña emitió la sentencia el viernes 26
de junio.
La sentencia
emitida cita: “el accionante no ha hecho prueba alguna de que la operación
actual de PVDC implique riesgos a la vida o a la salud de las comunidades a su
alrededor o de los propios concluyentes que trabajan en la empresa, fuera del
pasivo histórico ambiental que existía en la zona heredado de la pasada
operación y contemplado en la propia concesión y sobre el cual, PVDC en nombre
del Estado Dominicano ha hecho importantes labores de remediación ambiental.
También dice que el reclamante no ha hecho prueba de
que la empresa de forma actual o inminente lesione, altere o amenace el derecho
fundamental al medio ambiente, tal y como lo contempla la Constitución para
regular la explotación de los recursos naturales.”
Durante el proceso la empresa depositó varias
documentaciones, las cuales fueron validadas por el tribunal, dentro de las que
se encontraron los informes de monitoreo de calidad de agua y sedimentos
expedidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, copia del
informe de situación de muerte de animales en la zona de Pueblo Viejo, expedido
por el Ministerio de Energía y Minas, así como informes sobre las actividades
de Monitoreo participativo de agua, aire y ruido realizados junto a las
comunidades por la empresa minera.
Manuel Rocha, presidente de Barrick Pueblo Viejo,
dijo que “las conclusiones de este tribunal en este caso confirman “nuestra
operación como transparente y en total cumplimiento de todas las leyes
nacionales e internacionales establecidas, nos valida además como una operación
ambientalmente sostenible, que lejos de poner en riesgo nuestros recursos
naturales está realizando grandes aportes al país a través de nuestro proceso
de remediación ambiental.”
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