BOGOTÁ (3 Julio 2015).- Un colombiano de 79 años
aquejado de un cáncer que le causaba terribles dolores y le había desfigurado
el rostro fue sometido hoy a la primera eutanasia legal que se realiza en
Colombia y también en América Latina, donde es un asunto que sigue siendo tabú
en la mayor parte de los países.
El procedimiento aplicado a Ovidio González en un
centro oncológico de Pereira (centro de Colombia) fue posible gracias a que
desde abril pasado existe en Colombia un protocolo para la muerte asistida
elaborado por el Ministerio de Salud por orden de la Corte Constitucional.
Según el protocolo, al enfermo que cumple con los
requisitos para la muerte asistida se le aplica simplemente una potente
sedación.
Ningún otro país de América Latina ha llegado tan
lejos en el derecho a una muerte digna, algo que contrasta con la liberalidad
demostrada por algunos países de la región respecto a otros asuntos también
polémicos como el aborto, el matrimonio homosexual y la despenalización de las
drogas.
Según dijo hoy a Efe Carmenza Ochoa, titular de la
Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, fundada en Colombia hace 35 años, el
caso de Ovidio González es el primero de eutanasia legal en América Latina.
"Señores Oncólogos de Occidente S.A. Yo, José
Ovidio González Correa, con 79 años de edad, en uso pleno de mis facultados
mentales y de manera libre y voluntaria, manifiesto mi intención de que se me
realice la eutanasia.
La anterior solicitud la hago bajo la gravedad de
juramento, con la convicción libre y absoluta del ejercicio de mi derecho
fundamental a morir dignamente", escribió el enfermo cuando solicitó el
procedimiento que hoy le produjo la muerte.
González tenía programada la eutanasia inicialmente
para la semana pasada, pero a último momento el centro médico la canceló debido
a la polémica y a las disquisiciones médicas que despertó su caso.
Finalmente este jueves un comité de expertos del
centro médico pereirano aprobó la eutanasia solicitada por González, quien les
pidió que se le hiciera cuanto antes para no seguir sufriendo.
En Argentina está prohibida la eutanasia, así como
el llamado "suicidio asistido", que se castiga como homicidio, pero desde
2012 está vigente la ley de "muerte digna" que garantiza el derecho
de los enfermos terminales a rechazar cirugías, tratamientos médicos o de
reanimación para prolongar su vida.
Esa ley fue aprobada a raíz del debate abierto por
la madre de una bebé en estado vegetativo irreversible desde su nacimiento,
quien pidió una muerte digna para su hija después de que los médicos se negasen
a desconectar los aparatos que la mantenían viva. Tras la entrada en vigencia
de la ley, Camila murió el 7 de junio de 2012, con tres años, al ser
desconectada del respirador.
En Brasil, la eutanasia tampoco es permitida y sólo
se considera la "ortotanasia", avalada por el Consejo Federal de
Medicina, que permite la suspensión del tratamiento o retirada de los equipos
que mantengan los órganos en funcionamiento de un paciente desahuciado.
En México, gracias a una reforma a la Ley General de
Salud aprobada en 2008, se permite lo mismo que en Argentina y Brasil. Esa
reforma llegó casi un año después de que la capital mexicana aprobara la Ley
del Voluntad Anticipada o del "bien morir", que permite a enfermos
terminales rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida.
En Perú no está permitida la eutanasia, pero el
congresista Roberto Angulo, del grupo parlamentario Dignidad y Democracia,
presentó en marzo pasado un proyecto de ley que despenaliza el homicidio
piadoso y declara de necesidad pública la implementación de la eutanasia, sin
que se haya votado hasta el momento.
En Uruguay la eutanasia es entendida como
"ayuda al suicidio" y no es legal, según explicó a Efe Humberto
Teske, abogado de uno de los implicados en el caso de los "enfermeros de
la muerte", que en 2012 confesaron que habían acabado con la vida de 15
pacientes bajo su cuidado por "razones humanitarias".
Los dos acusados fueron absueltos en febrero pasado
por no existir "plena prueba de los hechos".
Lo que sí es posible es que un paciente decida no
recibir un determinado tratamiento de salud en el caso de padecer alguna
patología terminal, incurable e irreversible amparado por una ley específica.
En Bolivia, el código penal sanciona con una pena de
uno a tres años de reclusión la eutanasia, calificada como "homicidio
piadoso", aunque pueden considerarse atenuantes para bajar la condena o
incluso puede concederse un perdón judicial.
En su Manifiesto, la Federación Mundial de
Asociaciones para el Derecho a Morir proclama que todas las personas deben
tener el derecho a morir "con dignidad, lo que significa en paz y sin
sufrimiento", y que debe respetarse el deseo libremente expresado por un
enfermo perfectamente informado de su estado de salud.
Sin importar su nacionalidad, profesión, creencias
religiosas y opiniones política y éticas, los adultos que padecen grandes
sufrimientos por enfermedades incurables deberían tener "varias
opciones" al finalizar su vida, dice la ONG, formada actualmente por 51
asociaciones de 23 países.
La muerte es inevitable y nosotros creemos
firmemente que debe dejarse que el individuo decida la forma y el momento de
morir, siempre que ello no produzca a la sociedad más daño que la tristeza
asociada a la muerte, señala el manifiesto.
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