BUENOS AIRES (27 Agosto 2016).- En sentencia histórica, 28 represores
de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) fueron condenados
ayer en Córdoba a cadenas perpetuas, comenzando por Luciano Benjamín Menéndez,
responsable de 282 desapariciones.
El exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército, hoy de 89
años de edad, recibe así la pena 14 por su participación directa en secuestros,
torturas, asesinatos y desapariciones de cuerpos perpetrados en el campo de
concentración “La Perla-La Ribera”.
Tras conocerse la condena a Menéndez, la primera
dictada en la tarde por el Tribunal Federal Oral No. 1, la gente que se
congregó frente al Palacio de Justicia de Córdoba celebró la noticia.
Hubo abrazos, lágrimas, emociones por largo tiempo
contenidas, describieron testigos a Prensa Latina vía telefónica.
La megacausa incluyó 22 expedientes por delitos de
lesa humanidad cometidos entre marzo de 1975 y 1979 en los centros clandestinos
de detención, tortura y exterminio de Córdoba conocidos como “La Perla” (el
mayor del interior de Argentina durante la última dictadura), “Malagueño o
Perla chica”, “Campo La Ribera” y “D2”.
Además de los raptos, tormentos y ejecuciones de más
de 700 víctimas, 311 de ellas aún desaparecidas, se destaca el hecho de que por
primera vez se juzga en Córdoba la apropiación de bebés.
Se trata del secuestro y posterior desaparición de
Silvina Mónica Parodi de Orozco, embarazada de seis meses y medio, y su marido,
Daniel Francisco Orozco, así como la sustracción del bebé de Silvina nacido en
cautiverio.
El niño aún es buscado por su abuela, la presidenta
de la filial cordobesa de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, la madre de
Silvina Parodi.
También recibieron perpetua los principales
acusados: Ernesto Barreiro (su primera condena), Arnoldo ‘Chubi’ José López y
Héctor Pedro Vergez.
La pena a reclusión perpetua corrió a su vez para
Carlos Alberto Yanicelli (exjefe de D2), Jorge González Navarro, Jorge Eduardo
Gorleri, Jorge Acosta, Héctor Hugo Chilo, Luis Martela, Luis Gustavo Diedrichs,
Carlos Villanueva, Alberto Luis Choux y Orestes Padován.
Igualmente, fueron sentenciados de por vida José
Hugo Herrera, Juan Eusebio Vega, Ricardo Lardone, Eduardo Grandi, Emilio
Morard, Héctor Romero, Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina, Alberto Lucero,
Miguel Ángel Gómez, Marcelo Luna, Calixto Flores, Herminio Antón y Carlos
Alberto Díaz.
La única mujer en el banquillo de los acusados,
Mirta Antón, fue también condenada a prisión perpetua.
La investigación comenzó en diciembre del 2012 con
más de 40 imputados y, cuatro años después, por acumulación de causas, llegó a
sumar 52, la mayor cantidad en un juicio de estas características.
Durante las vistas cerca de 600 personas dieron
testimonio en más de mil horas de audiencias. También hubo nueve condenas de
dos a 14 años de cárcel y seis absoluciones.
De las 720 víctimas que abarcó la causa, 198 eran
gremialistas. Entre las víctimas hubo integrantes de los sindicatos Luz y
Fuerza, Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, del Caucho, Perkins,
Unión de Educadores, de Lecheros y obreros automotrices.
Entre los desaparecidos hubo también trabajadores
judiciales, de prensa, empleados públicos, obreros y empleados municipales, de
frigoríficos, de la salud, metalúrgicos y de la mesa de resistencia de gremios
en lucha organizada en 1975 cuando los sindicatos oficiales fueron
intervenidos.
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