ESPAÑA ACUSA A RODRIGO RATO DE DEFRAUDAR HACIENDA 6,8 MILLONES EUROS ENTRE 2004-2015
MADRID (8 Febrero 2017).- La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del
Ministerio de Hacienda, acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de
haber defraudado a través de un entramado societario 6,8 millones de euros
entre 2004 y 2015.
Según el informe final de más de 600 páginas
remitido por la ONIF al juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Rato obtuvo
rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 a 2015,
período en el que habría defraudado hasta 6,8 millones.
No obstante, si se excluyen los ejercicios
anteriores a 2009 y fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos
5,4 millones de euros, con cantidades superiores a los 120.000 euros que se
consideran delito fiscal en todos los años.
El exministro de Economía y Hacienda, cuya fortuna
está siendo investigada desde hace dos años, habría cometido el fraude mediante
“ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el
extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa
transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como
conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”.
judicial, habla de tráfico de dinero a través de las
sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la
española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo
beneficiario habría sido el propio Rato.
El inicio de las pesquisas sobre el origen de la
fortuna del exvicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015, cuando la
ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato
e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho
particular, la incautación de documentación y su detención televisada.
La denuncia de Antifraude se producía apenas 24
horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro estaba
siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac,
dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo de
dinero tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000
contribuyentes.
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