FISCAL REBELDE VENEZUELA ACUSA MADURO Y SU ‘NÚMERO DOS’ DE COBRAR SOBORNOS MILLONARIOS
BRASILIA (23 Agosto 2017).- La fiscal rebelde de Venezuela, Luisa Ortega, ha
anunciado que dispone de documentos para probar que el presidente de su país,
Nicolás Maduro, y el número dos del régimen, Diosdado Cabello, se han
enriquecido con sobornos millonarios a través de empresas fantasma inscritas en
el extranjero. En el caso de Cabello, la antigua fiscal chavista ha concretado
que está en disposición de probar que recibió 100 millones de dólares por medio
de una compañía que dos familiares suyos constituyeron en España. Brasil,
adonde Ortega llegó la noche del martes procedente de Bogotá, se ha sumado al
Gobierno de Colombia y también se ha mostrado dispuesto a conceder asilo
político a la refugiada.
Luisa Ortega ha hablado por primera vez desde su
rocambolesca huida de Venezuela aprovechando su presencia en Brasilia, invitada
para participar en una reunión de fiscales de los países del Mercosur. La
fiscal rebelde ha explicado que fue perseguida por el régimen debido a que en
sus investigaciones halló pruebas que implican en la corrupción a las más altas
instancias del Gobierno de Caracas. Ha asegurado que tiene documentación para
probar sus acusaciones y que la entregará a las justicias de España, Estados
Unidos, Colombia y Brasil.
En el caso de Maduro, Ortega ha señalado que ha
utilizado como tapadera una empresa creada en México por testaferros suyos. Más
específica ha sido respecto a los manejos de Diosdado Cabello. Ha dado el
nombre de una empresa domiciliada en España, TSE Arietis, a nombre de dos
primos del jerararca del régimen venezolano, Jerson Jesus Campos Cabello y Luis
Alfredo Campos Cabello. Según la fiscal, esa firma, "una máquina de
corrupción", fue utilizada para cobrar 100 millones de dólares de la
constructora brasileña Odebrecht, que ha reconocido que desde hace años pagó
sobornos a políticos de los principales países de América Latina.
Ortega ha denunciado el saqueo total de su casa de
Caracas, una vez abandonó el país, supuestamente en busca de documentación
comprometedora. "En Venezuela hemos asistido a la muerte del
derecho", ha señalado la fiscal destituida. "Y el problema es que esa
inestabilidad se puede permear a toda la región". "Todo lo que ha
ocurrido conmigo", ha insistido, "ha sido por investigar la
corrupción".
Luisa Ortega llegó a Brasilia en la noche del
martes, procedente de Bogotá, después de que su colega brasileño, Rodrigo
Janot, la invitase, en un gesto de solidaridad con su situación, a participar
en una reunión de fiscales de los países del Mercosur. Ortega se refugió en
Colombia, país al que llegó después de huir, junto a su esposo, del acoso del
Gobierno de Nicolás Maduro, que utilizó la nueva Asamblea Constituyente para
destituirla del cargo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya se
ofreció a acoger a la pareja como asilados políticos.
Tras la
reunión con los fiscales, Ortega fue recibida por el ministro brasileño de
Exteriores, Aloysio Nunes, quien también se mostró dispuesta a acogerla como
refugiada política. "Si ella quisera, la acogeríamos con los brazo
abiertos", ha afirmado Nunes, tras explicar que Ortega le trasmitió
"un relato impresionante de cómo se ha degradado la situación en
Venezuela". Previamente a su entrevista con el ministro, la fiscal había
dicho que estudiará la oferta de Colombia y de cualquier otro país que también
se lo pudiera proponer.
La iniciativa inicial de invitar a Ortega no partidó
del Ejecutivo brasileño sino del fiscal Janot como un modo de mostrar su apoyo
a la venezolana. Pese a eso, el viaje irritó a Maduro, que cargó contra el
"Gobierno golpista" de Brasil y amenazó con pedir a la Interpol la
detención de Ortega en ese país. La
fiscal tiene previsto en principio abandonar Brasil el próximo viernes.
El fiscal Janot presentó a Ortega ante sus colegas
de los países del Mercosur y criticó con extraordinaria dureza al régimen de
Maduro, que calificó de "poder político dictatorial". Para el fiscal
brasileño, el acoso sufrido por la venezolana ha constituido una auténtica
"violación institucional".
Por AFONSO BENITES/El País.es
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