GOBERNADOR RESPONDE A TRUJILLANOS POR ABANDONO ESCUELA HACE DIEZ AÑOS
SAN JUAN, Puerto Rico (10 Agosto 2017).- Han pasado 10 años desde que la escuela elemental
Juan J. Osuna, ubicada en el barrio Quebrada Negrito en Trujillo Alto, fue
clausurada para ser sustituida por un nuevo plantel que ubica a solo pasos de
la vieja estructura que con el tiempo se ha convertido en un lugar cubierto de
maleza, sabandijas e idóneo para criminales, según la denuncia.
Así lo expresaron a Primera Hora unos residentes del
sector rural, quienes retaron al Gobierno a tomar acción al respecto y
aprovechar las inmediaciones y edificio abandonado para desarrollar algún
proyecto de impacto comunitario.
“Cuando la cerraron nos dijeron que iban a hacer un
cuartel municipal y unas oficinas de Gobierno, pero no han hecho nada y eso
está perdido. Se robaron las ventanas, la cablería de electricidad y todo lo
que había... de hecho, hace dos semanas apareció un hombre muerto. Lo
asesinaron y lo tiraron ahí”, dijo el residente Pedro Torres al recordar que la
escuela se construyó bajo la administración de la exgobernadora Sila María
Calderón y su inauguración fue de mucho regocijo para la comunidad.
Mientras, Rafael Díaz, dijo sentirse engañado por el
Gobierno y el alcalde del municipio, José Luis Cruz Cruz, quien asegura
prometió resolver el problema con la escuela.
“El alcalde nos mintió y ponlo ahí que lo dije yo...
es un mentiroso. Nunca hizo nada por hacer algo en esa escuela y mírala ahora
llena de sabandijas, comején y hasta un muerto dicen que tiraron allí”, expresó
el residente que sugiere aprovechar la estructura para hacer algún complejo de
viviendas de bajo costo.
Gobernador
actuará
Precisamente ayer, el gobernador Ricardo Rosselló
anunció en conferencia de prensa que su administración atenderá con premura el
cierre de acuerdos con entidades interesadas en operar proyectos de servicios
comunitarios en planteles en desuso.
El primer ejecutivo dijo que ya se concretaron 11
acuerdos de esta índole. Explicó que los proyectos -algunos liderados por
municipios y otros por organizaciones sin fines de lucro- promoverán el
desarrollo económico de la Isla.
“Hoy cumplimos otro compromiso del Plan para Puerto
Rico y aseguramos la transformación de estas estructuras en talleres de obra
social, esto antes de que puedan representar un riesgo o convertirse en
estorbos públicos”, dijo el mandatario al agregar que los acuerdos se
establecieron por un periodo de un año y como alquileres a un precio nominal de
$1.
Por su parte, el principal asesor del gobernador,
Alfonso Orona, dijo que hay unas 175 propuestas bajo evaluación y que las
mismas serán canalizadas por un Comité Interagencial creado para estos fines.
De hecho, invitó a las entidades interesadas a
presentar sus propuestas a través del correo electrónico
dinfraestructura@fortaleza.pr.gov
Ni Rosselló ni Orona pudieron precisar el total de
planteles en desuso que hay en Puerto Rico. Argumentaron que hay agencias en
proceso de recopilar la data que, prácticamente, se ha hecho cuesta arriba “por
la falta de documentación” que nunca proveyeron otras administraciones.
Responde
a trujillanos
Primera Hora preguntó al gobernador si su plan
incluye atender situaciones de escuelas abandonadas hace muchos años, como la
que denunciaron los vecinos de Trujillo Alto.
“Esta es la respuesta (acuerdos como el anunciado
ayer)... me estás hablando de un incidente que lleva múltiples años, fue en
previa administración y no se ha hecho nada. Nuestra responsabilidad, ahora al
tener planteles escolares en desuso, es poder proveerles un uso. (El caso de
Trujillo Alto) es un clásico ejemplo de algo que es una situación que
históricamente ha sido negativa puede ser una situación positiva”, respondió
Rosselló.
Agregó que su administración atenderá, en primer
lugar, los planteles que recién han cerrado, pero hizo un compromiso en que
posteriormente se evaluarán sobre los 200 planteles que están en desuso.
Añadió que, actualmente, hay legislación (Ley 991)
para facilitar el uso y traspaso de estorbos públicos a los municipios, esto
incluyendo planteles abandonados.
BÁRBARA
J. FIGUEROA ROSA /Primera Hora
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