SANTO DOMINGO, República Dominicana (31 Agosto
2017).- En medio del tranque por la aprobación del Código Penal, la Cámara de
Diputados ha sido apoderada de un proyecto de ley que busca regular los
derechos en materia de salud sexual y reproductiva y las condiciones para la
interrupción voluntaria del embarazo.
El proyecto, de la autoría del diputado del PLD por
San Cristóbal, Orlando Espinosa, además reglamentará las instituciones que
serán habilitadas para tales fines. “Este proyecto presenta una salida para que
se apruebe el Código Penal y que además se despenalice el aborto en sus
causales, que es una demanda a la sociedad” dijo Espinosa a elCaribe.
Con este ya son dos las iniciativas sometidas que
incluye la interrupción del embarazo en tres causales. El otro es el Código
Penal que incluye las observaciones presidenciales respecto a las causales y
que fue introducido por la presidente de la Comisión de Género de la Cámara
Baja, Magda Rodríguez junto a otras 20 diputadas.
La semana pasada los diputados José Luis Cosme y
Hamlet Melo depositaron por separado el Código Penal que no incluye las
causales y habían propugnado porque el tema del aborto sea tratado en una
legislación especial, como una forma de aprobar el Código.
El proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva
establece en un considerando que el Estado está en la obligación de garantizar
los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral y
establecer una regulación ante una posible interrupción voluntaria del embarazo
cuando esté en riesgo la vida de la madre y garantizando su vida, protegiendo
los intereses y los derechos de la mujer y la vida prenatal.
“El aborto de manera clandestina no se ha podido
eliminar a lo largo de la vida republicana lo que pone en riesgo permanente la
vida de las madres y el enriquecimiento ilícito de los profesionales que sin
ningún escrúpulo lo practican, por lo que hay que atender a los reclamos de la
conciencia social mayoritaria que reconoce la relevancia de los derechos de las
mujeres en lo que a la maternidad se refiere”, manifestó Espinosa.
Consideró que dada la realidad social dominicana,
obliga a legislar de manera especial y fuera del Código Penal y tratar los
casos de interrupción del embarazo cuando el mismo sea producto de estupro,
incesto, peligro de la vida de la madre y cuando científicamente se compruebe
la existencia de graves daños al feto que no le permitan vivir más allá del
nacimiento.
“La vida prenatal es un bien jurídico merecedor de
la más absoluta protección que el Estado debe hacer eficaz, sin ignorar que en
la forma que se garantice o se aplique nunca podrá estar por encima de los
derechos a sobrevivir de la mujer embarazada”, dice la pieza que está a espera
de ser colocada en agenda.
Fuente: EL CARIBE
No hay comentarios.: