PROCURADURÍA: QUIRINITO NO HA MUERTO Y EMITE ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL CONTRA FUGADO
SANTO DOMINGO, República Dominicana (3 Octubre 2017).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó este
martes que durante el proceso de investigación que desarrolla en torno a la
alegada muerte de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias “Rafaelito” o mejor
conocido como “Quirinito”, ha recabado suficientes evidencias para establecer
que este condenado a 30 años por homicidio no ha fallecido.
A través de un comunicado institucional, dijo que a
partir de estos hallazgos procedió de inmediato a activar su búsqueda y a solicitar
a los organismos de inteligencia del país, así como a la Organización
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), una orden de captura nacional e
internacional, respectivamente, contra Castillo Paniagua.
El organismo también expresó que suspendió al médico
legista Orlando Herrera Robles, quien el pasado 5 de julio emitió el
certificado ficticio en base al cual se expidió el acta de defunción No. 00239,
Folio 0039, con fecha de registro del 6 de julio del presente año, que declara
la defunción del hoy prófugo por la causa de fallo cardíaco, debido a infarto
agudo al miocardio por carcinoma epidermoide en la base de la lengua,
resaltando que “con esta medida no se descarta que el galeno actuante sea
procesado judicialmente al concluir la investigación”.
La Procuraduría indicó que al momento de su supuesta
muerte “Quirinito” estaba “cumpliendo
prisión domiciliaria en el municipio de San Francisco de Macorís, por
disposición de la juez de Ejecución de la Pena de esa demarcación, Aleida
Jiménez Acosta, quien a tales fines, el 26 de mayo del presente año emitió la
sentencia número 136-01-2017-SSEN-00064”.
Dijo, además, que “esta decisión judicial cambió el
régimen de cumplimento de la condena a 30 años por homicidio de Castillo
Paniagua y fue la disposición de la jueza Aleida Jiménez Acosta que ordenó
sacarlo del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle para recluirlo
en una vivienda situada en el residencial Bety Marie, del sector Paseo de los
Ríos, en el municipio cabecera de la provincia Duarte”.
En la declaración difundida por su departamento de
prensa, la institución señala, además, que en el transcurso de la investigación
ha interrogado a más de 12 personas y han realizado numerosas visitas y
descensos. “Además, se han obtenido varios documentos en instituciones públicas
y privadas, encontrándose esta documentación e información bajo evaluación
dentro del proceso”, dice el documento.
Precisó que uno de los interrogados fue el padre de
Castillo Paniagua, el señor Rafael Castillo Ramírez, quien al ser cuestionado
informó a las autoridades “que su hijo no está muerto porque de haber fallecido
le hubiesen entregado el cadáver”.
De igual
manera, que fue interrogada la esposa de “Quirinito”, Jennifer Esthefani
Domínguez de Castillo, quien declaró “que su esposo murió en su residencia, en
horas de la mañana del pasado 5 de julio del presente año, y que no estaba en
disposición de decirle a las autoridades quién se llevó el cadáver ni dónde
está enterrado”.
Asimismo, la Procuraduría informó que durante los
interrogatorios a las autoridades actuantes, entre las cuales figuran jueces,
fiscales, personal penitenciario y médicos, las mismas han negado haber actuado
en contubernio, alegando que de encontrarse vivo Castillo Paniagua, “fueron
sorprendidos en su buena fe”.
En este sentido, la institución explicó que las
indagatorias arrojaron que el personal de vigilancia a cargo de supervisar la
prisión domiciliaría impuesta a “Quirinito”, “verificó que la misma se cumplía
tal como había dispuesto el tribunal, entregando estos, fotos del fugitivo
supuestamente convaleciente en su residencia, tomadas durante las visitas
calendarizadas por el sistema penitenciario”.
La Procuraduría expresó además continúan ampliando
las indagatorias, a fin de determinar en forma veraz, si hubo algún tipo de
manejo irregular para lograr que el reo se sustrajera del cumplimiento de la
condena a 30 años por homicidio o si el personal interviniente fue engañado.
Igualmente, el organismo aseguró que “si durante la
continuación de la investigación se determina que servidores públicos o
personal del sector privado tienen comprometida su responsabilidad penal, serán
sometidos a la acción de la justicia, sin importar de quien se trate”.
Finalmente, la Procuraduría reiteró que por tratarse
de una investigación que está en pleno desarrollo, de conformidad con lo
establecido en las leyes del país, por el momento no es posible divulgar más informaciones
para no entorpecer las diligencias procesales de la misma, comprometiéndose a
informar oportunamente a la ciudadanía cuando surjan nuevos avances”..
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