SOMETE PROYECTO ELIMINARÍA 57 INSTITUCIONES, ENTRE ELLAS COMEDORES ECONÓMICOS ESTADO
SANTO DOMINGO, República Dominicana (25 Octubre
2017).- De ser aprobado un proyecto de ley de “Reorganización de la
Administración Pública” sometido por la diputada Faride Raful, del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), desaparecerían los Comedores Económicos del
Estado, Oficina de Ingenieros Supervisora
de Obras del Estado (OISOE), Dirección General de Programas Especiales de la
Presidencia (DIGEPEP); Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (PROMIPYME) Dirección General de Programas Especiales de la
Presidencia (DIGEPEP); Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (PROMIPYME), entre otras.
Raful sometió que busca disolver 57 instituciones,
comisiones u organismos que tienen asignaciones y/o transferencias por de
fondos por aproximadamente RD$15,700 millones mientras su impacto social es
bajo.
La iniciativa busca reorganizar y mejorar la gestión
pública mediante la disolución y traspaso de funciones de estas entidades que
forman parte del Gobierno Central y que carecen de funciones o tienen
duplicidad con otras instituciones, “provocando dispendio en los gastos
corrientes”.
Raful, diputada en el Distrito Nacional por el
Partido Revolucionario Moderno (PRM), indica que la Constitución de la
República Dominicana establece el principio de razonabilidad en el uso y manejo
de los recursos del Estado, con lo cual no se está cumpliendo.
Déficit. Señala además que los presupuestos de la
última década reflejan déficits, parcialmente originados por partidas
presupuestarias y transferencias cuantiosas realizadas a una serie de
instituciones públicas y/o organismos del Estado ineficientes, arcaicos.
Apunta que en la Ley General de Presupuesto del 2017
se identifica un grupo de partidas y transferencias, cuyo uso y retorno social
debe ser revisado.
Recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI)
ha señalado que el nivel de nuestra deuda pública de la República Dominicana
supera el 51% del Producto Interno Bruto (PIB), pronosticando que para los
próximos tres años podría superar el 60% llegando a posibles niveles de
insostenibilidad de la deuda pública.
Agrega que gran parte de los economistas más
reconocidos, han sugerido realizar ajustes significativos al gasto público, a
los fines de evitar llegar a los niveles de insostenibilidad a los que el país
se dirige.
Señala que el Proyecto de Presupuesto General para
el año 2018 “mueve a enorme preocupación dado que aumenta significativamente
los gastos corrientes y aumenta de manera agresiva el déficit y el
financiamiento, por lo que es imperativo que el Poder Ejecutivo tome las
medidas necesarias que permitan producir los ahorros para frenar el tren de
endeudamiento en que se encuentra el país”.
Dos casos. De aprobarse la ley, pasarán a ser parte
del Ministerio de Agricultura los equipos, bienes muebles e inmuebles, personal
y presupuestos de 12 instituciones que dejarían de existir, tales como son el
Consejo Nacional para el Fomento y Reglamentación de la Industria Lechera
(CONALECHE); el Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR); el Consejo
Dominicano del Café (CODOCAFE); Instituto del Tabaco (INTABACO); Fondo Especial
para el Desarrollo Agropecuario (FEDA); Instituto Nacional de la Uva; Consejo
Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA); Consejo Nacional de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF); Comisión Sectorial para la
Reforma y Modernización del Sector Agropecuario; Consejo Nacional de Producción
Pecuaria (CONAPROPE); Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE)
y Consejo Nacional de Agricultura.
En el caso del Plan de Asistencia Social, absorbería
14 entidades como son el Instituto para el Desarrollo del Sur (INDESUR);
Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENORTE); Instituto para el
Desarrollo del Nordeste (INDENORDE); Fondo de Promoción a las Iniciativas
Comunitarias (PROCOMUNIDAD); Dirección General de Programas Especiales de la
Presidencia (DIGEPEP); Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (PROMIPYME); Comedores Económicos; Sistema Único de
Beneficiarios (SIUBEN); el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales;
Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC); Progresando con
Solidaridad; Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial; la Comisión
Presidencial de Desarrollo Provincial y Comunidad Digna Contra La Pobreza.
Prohibiciones
El proyecto de ley prohíbe al Poder Ejecutivo crear
mediante decreto ninguna institución, comisión, consejo o dirección sin que la
misma sea aprobada por el Congreso Nacional mediante una ley especial y bajo el
amparo de la Constitución de la República Dominicana.
También impide la asignación de partidas
presupuestarias y/o transferencias futuras a la Comisión Hípica Nacional, que
por regular todo lo relacionado con ese sector y tener el manejo del Hipódromo
Nacional debe ser auto sostenible para cubrir las necesidades financieras que
tenga la entidad.
Además prohíbe la asignación de partidas
presupuestarias y/o transferencias futuras a la Unidad Ejecutora de
Pignoraciones (UEPI), y asigna dichas partidas o transferencias al Banco
Agrícola, entidad que debe ser la llamada a realizar estas transacciones
financieras.
Personal
En cuanto al personal que se pretenda trasladar de
las instituciones públicas eliminadas a las absorbentes, la iniciativa indica
que sólo podrán ser trasladados siguiendo los normas establecidas en la Ley No.
41-08 de Función Pública.
Sanciones. El proyecto establece que los
funcionarios o empleados públicos, que de manera individual o conjunta,
ejecuten medidas y disposiciones contrarias, serán castigados con prisión de
seis meses a dos años, e inhabilitación absoluta de cinco a diez años, para
cargos y oficios públicos.
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