DETECTAN EN AUDITORÍAS LA EVASIÓN POR MÁS DE 300 MILLONES DE PESOS EN CUBA
LA HABANA, Cuba (2 Abril 2018).- Las acciones de
control realizadas por el Sistema Nacional de Auditoría detectaron que los
daños al patrimonio público provocados en el año anterior continúan siendo
millonarios, e incluso superaron a los descubiertos en 2016.
Durante el balance del trabajo en 2017 realizado por
la Contraloría General de la República se informó que los perjuicios se deben,
principalmente, a incumplimientos de los planes económicos, adeudos de las
empresas estatales con el Presupuesto del Estado, subdeclaración de aportes al
fisco por sujetos de las formas no estatales de gestión, cuentas por cobrar y
por pagar envejecidas; y en menor medida a causa de daños por faltantes y
pérdidas de activos.
Un asunto complejo, trascendió, son los daños
cuantificados en la actividad presupuestada, que superan los 300 millones en
moneda total, fundamentalmente por las causas mencionadas.
Con respecto a ese hándicap en el sector
empresarial, donde la autonomía gana terreno, el miembro del Buró Político del
Partido y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, señaló
las debilidades en algunos sistemas contables y las tardanzas para desagregar
los planes económicos, caldos de cultivo para que se den hechos delictivos.
Recordó también que cuando algunas de las empresas y
los cuentapropistas subdeclaran al fisco, afectan el bienestar y desarrollo del
pueblo.
De igual forma se constataron incumplimientos de la
legislación asociada a la contratación, en los pagos a privados y en el control
de combustible, aspectos también analizados durante la 12ma. Comprobación
Nacional al Control Interno.
Tal y como expresó Reynol Pérez Fonticoba,
vicecontralor general de la República, existen cadenas delictivas que comienzan
en el sector empresarial y terminan con la desviación de recursos hacia el
sector no estatal, por lo que urge trabajar con intencionalidad en todo lo
concerniente al origen y destino de los recursos.
El informe también alertó sobre el incremento de los
delitos económicos. En 2017 se detectaron 1 012, mientras en 2016 se
denunciaron 732. Una situación similar se da con los casos llamados de
seguimiento: 915 en 2017 contra 678 en 2016.
Según se reconoció, los incrementos están dados por
un mayor control de los posibles hechos delictivos, como resultado de acciones
ejecutadas al amparo de la Resolución No. 20/2009 del Ministerio de Finanzas y
Precios.
Debido a estas acciones, incluyendo las de la 12ma.
Comprobación Nacional, se aplicaron 5,658 medidas disciplinarias a 1 237
directivos, 1,370 ejecutivos y 3,051 trabajadores. De las medidas tomadas, 209
fueron por responsabilidad colateral de 114 directivos y 95 ejecutivos.
Sobre la labor de la Comisión Estatal de Control se
conoció que analizó temas de relevancia en materia de prevención y control en
2017, como la ocurrencia de hechos de corrupción administrativa en entidades de
Comercio Interior, y los riesgos financieros que presenta la Empresa de
Mensajería y Cambio Internacional en cuanto a la prevención y el enfrentamiento
al lavado de activos y otros delitos.
La Comisión también trabajó con presuntos hechos
delictivos y de corrupción administrativa asociados al uso indebido del
Presupuesto del Estado en varias entidades.
Vivianne García Castro, contralora-jefa de la
Dirección de Atención a la Población, explicó que se recibieron por esta área 1,935 denuncias, entre estas anónimos, lo cual —estimó— refleja fallas y vacíos
del control interno en los lugares de donde proceden.
Salvador Valdés Mesa consideró que hay que evitar la
formalización de la tendencia al anonimato a la hora de denunciar un problema,
porque eso no es saludable para la institucionalidad, y orientó a ser rigurosos
con las averiguaciones en torno a los anónimos, porque no siempre son
verídicos.
Alina Vicente Gaínza, vicecontralora general, alertó
sobre la labor preventiva y de capacitación permanente que hay que ejercer,
pues existen nuevas normas y procedimientos en el sistema empresarial que no
siempre se dominan por las administraciones y los auditores.
Solicitó a estos últimos tramitar casos relevantes
para que se analicen en la Comisión Estatal de Control, la cual está formada
por todos los organismos principales y cuya función es controlar y evaluar las
tendencias, causas y condiciones de las manifestaciones negativas.
«Esas nuevas normas, válidas para la empresa estatal
socialista, dan mayor autonomía, lo que no significa anarquía; por tanto deben
atemperarse al sistema de control interno, que cuenta con características
propias: flexibilidad, razonabilidad e integralidad», aclaró.
Otro serio problema analizado fue la reducción del
número de auditores en este sistema. Se conoció que la plantilla de tales
especialistas solo está cubierta al 64 por ciento en el país, y que el número
de ellos sigue disminuyendo.
Entre las causas de esa migración —se dijo— está el
traslado a otras formas de gestión, a causa de los bajos salarios. Valdés Mesa
lamentó que así sea, porque son personas con una alta preparación y muy
necesarios en el combate a las indisciplinas y la corrupción.
No obstante ese déficit, reconoció la labor
fehaciente de la Contraloría, que logró cumplir con la misión que le asignaron
la Asamblea Nacional del Poder Popular y las directivas de control aprobadas
por el Consejo de Estado para 2017.
La contralora general de la República y
vicepresidenta del Consejo de Estado, Gladys Bejerano Portela, expresó que cada
acápite analizado en el balance, cada planteamiento, será motivo de repaso para
perfeccionar el trabajo de la Contraloría en años sucesivos.
Por MARIANELA MARTÍN GONZÁLEZ/Juventud Rebelde
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