EXPERTOS ONU INSTAN A LA PRONTA RATIFICACIÓN DE UN TRATADO HISTÓRICO AMBIENTAL EN AL Y EL CARIBE
GINEBRA (13
de septiembre de 2018).- Expertos en derechos humanos de la ONU celebran la
adopción del histórico acuerdo de Escazú e ahora instan a los Estados en
América Latina y el Caribe a firmar y ratificar, a la mayor brevedad posible,
un tratado ambiental pionero para la región.
El Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado
el pasado 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y se estará abierto a la
firma a partir del 27 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, en Nueva
York.
El tratado
es el primero de su tipo en el mundo que incluye disposiciones vinculantes
específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones
que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Fue
negociado bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y es el único tratado vinculante emanado de la Conferencia de la
ONU sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20).
“Este
histórico tratado regional no solo garantiza una buena gobernanza y derechos
democráticos básicos, sino que también facilita la protección medioambiental y
el desarrollo sostenible”, señalaron los 27 expertos en una declaración
conjunta.
“Hay un
énfasis especial en las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad y en
las medidas para intentar ayudar a quienes más lo necesitan. Saludamos el
enfoque de este tratado en superar las barreras y dificultades que obstaculizan
el pleno disfrute de los derechos humanos relativos al medio ambiente, lo que
resulta especialmente crucial en América Latina y el Caribe”, añadieron.
También elogiaron el reconocimiento explícito del tratado a los derechos de los
pueblos indígenas, así como a la diversidad cultural de América Latina y de sus
pueblos.
El Relator
Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, David R. Boyd subrayó
especialmente el artículo 1 del tratado, que reconoce el derecho de todas las
personas a vivir en un medio ambiente sano.
El Relator
Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel
Forst, señaló que: “este acuerdo es un importante paso adelante en la
protección y salvaguardia de las y los defensores de derechos humanos en
asuntos ambientales. Al establecer disposiciones vinculantes específicas, los
Estados latinoamericanos y caribeños no solo reconocen la grave y preocupante
situación a la que se enfrentan los defensores ambientales en países de la
región, sino que también están tomando medidas concretas para reafirmar su
papel y respetar, proteger y realizar todos sus derechos”.
Los expertos
de la ONU también saludaron las disposiciones en el tratado que buscan
garantizar el acceso a la información y a la justicia, en los distintos idiomas
utilizados en cada uno de los países, y fomentar la cooperación y participación
pública.
“En
conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos, el
acuerdo regional establece importantes estándares que serán fundamentales a la
hora de enfrentar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, tales como
el cambio climático, la degradación de la tierra, la contaminación del agua,
los desastres naturales y el agotamiento y uso no sostenible de los recursos
naturales”, enfatizaron los expertos.
Los expertos
añadieron que los Estados deben adoptar, en sus estrategias para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, un enfoque que englobe a la
sociedad en su conjunto. También señalaron que un aspecto esencial de las
obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos es
garantizar la protección, el respeto y el apoyo a los individuos que plantean
preocupaciones respecto al impacto negativo sobre los derechos humanos,
incluyendo en el contexto del desarrollo de proyectos que involucran a
empresas.
“Este
enfoque permitiría que cualquier persona (particularmente aquellas que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad, como las personas de edad) tenga
acceso a información oportuna y fidedigna, y así puedan participar de manera
significativa en las decisiones que afectan a sus vidas y acceder a
procedimientos de resarcimiento de daños y los recursos pertinentes cuando sus
derechos sean vulnerados”.
“Al firmar y
ratificar prontamente este innovador tratado, los Estados latinoamericanos y
caribeños reforzarán su firme compromiso con la protección ambiental y los
derechos humanos, y sobre todo, enviarán un inequívoco mensaje en favor del
multilateralismo, la solidaridad, la igualdad y la integración regional, a la
vez que promueven la colaboración con otras regiones”, dijeron.
En
seguimiento al acuerdo, los Estados deben asegurar también que las actividades
empresariales y las inversiones no ocurran a expensas de impactos adversos en
términos medioambientales y de derechos humanos. En ese contexto, los
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU
presentan el marco de deberes y responsabilidades de los Estados y empresas,
acordado a nivel global, para prevenir y abordar los impactos sobre los
derechos humanos relacionados con las empresas. A su vez, en la implementación
del acuerdo, los Estados deben tomar en consideración los diversos y
desproporcionados impactos ambientales en las mujeres y niñas, y los desafíos específicos
que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos, asegurando que todas
las acciones incorporen una perspectiva de género.
El acuerdo
regional está abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el
Caribe, y requiere un mínimo de 11 Estados para entrar en vigor.
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