SAN JUAN, Puerto Rico (17 Diciembre 2018).- En los
pasados 11 meses, 82 agentes del Negociado de la Policía –75 varones y siete
mujeres– presuntamente han incurrido en incidentes de violencia de género,
según las estadísticas oficiales de la Uniformada.
Algunos de
estos han sido suspendidos y otros han sido referidos a talleres sobre el
manejo de emociones y control del coraje. Pero, al cierre de esta edición, la
Policía no había precisado las acciones disciplinarias que se han tomado contra
los agentes involucrados en estos incidentes.
“Es un mensaje
terrible a las víctimas, porque son menos herramientas que ellas tienen
disponibles para salir y buscar ayuda”, señaló Vilmarie Rivera, directora de la
Red de Albergues.
“Si hay
tanta cantidad de policías que está teniendo este tipo de conducta, quiere
decir que lo que se está haciendo no está funcionando. Es un asunto de
protocolos y estadísticas, más allá de adiestramientos. Requiere hacer una
retrospección de cómo se está manejando el asunto”, subrayó Rivera.
Los
señalamientos contra 82 agentes de enero a noviembre de este año representa una
reducción de 12 casos en comparación con el mismo período para el año 2017.
Mientras, al
30 de noviembre del 2018, un total de 1,744 policías habían sido referidos a la
División de Psicología y Trabajo Social de la dependencia. De estos, 144 casos
–la cifra incluye tanto a agresores como víctimas– están relacionados con la
violencia machista.
En el 2018,
la violencia machista ha cobrado la vida de 23 mujeres y tres hombres.
“Siempre ha
habido una preocupación con las estadísticas de la Policía, especialmente con
los casos de violencia doméstica. No hay estadísticas fiables en estos
momentos”, argumentó la licenciada Johanna Pinette, coordinadora del proyecto
Mujer, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Procesos
paralelos
El Negociado
de Investigaciones en Asuntos Antidiscriminatorios es el ente sobre el cual
recae la responsabilidad de investigar a nivel administrativo los casos de
violencia de género contra miembros de la Policía, explicó su director, el
teniente Juan D. Ruiz Acevedo.
La
Superintendencia en Investigaciones Criminales –que tiene bajo su organigrama
una División de Violencia Doméstica– se encarga, no obstante, de procesar a los
imputadosanivel criminal.
“La querella
criminal y la administrativa se pueden llevar a cabo paralelamente. Claro está,
ahora mismo el acuerdo de la Policía establece que si el agresor no quiere
declarar en el proceso administrativo mientras tiene un proceso criminal
pendiente, lo puede hacer”, explicó.
“Puede ser
que en un caso criminal salga bien, pero administrativamente puede ser
expulsado”, agregó el director del Negociado de Investigaciones en Asuntos
Antidiscriminatorios.
Entre el
2015 y el 2018, la Oficina de Asuntos Legales ha ejecutado 55 suspensiones
sumarias de empleo y sueldo a agentes de la Policía por violaciones a la Ley 54
contra la Violencia Doméstica.
“Recopilamos
la prueba y, entonces, una vez culminamos con la investigación, hacemos un
informe para la división legal, que son los que hacen las recomendaciones”, dijo
Ruiz Acevedo.
El teniente
explicó que cuando se recibe la querella contra un oficial, automáticamente se
procede a desarmarlo y se refiera a la División de Psicología y Trabajo Social,
encargada de certificar si el o la oficial están aptos para realizar el trabajo
y recuperar el arma de reglamento.
Para Ruiz
Acevedo, la reducción de 12 casos que reflejan las estadísticas de agentes
presuntamente involucrados en incidentes de violencia de género en el 2018 es
el resultado de los cambios que han hecho como parte de la Reforma de la
Policía.
“Los
procesos que se han integrado han sido efectivos”, dijo el teniente.
En lo que va
del año, tres agentes de la Policía han asesinado a sus parejas o exparejas.
Ninguno de estos oficiales había sido referido a la División de Psicología y
Trabajo Social por incidentes previos de violencia machista ni por otra
condición emocional, confirmó la Policía durante una vista a principios de este
mes ante el juez federal Gustavo Gelpí, quien supervisa la Reforma de la
Uniformada.
El incidente
fatal más reciente que involucra a un policía se registró el pasado 23 de
noviembre, cuando el agente Luis Daniel Negrón privó de la vida a su pareja,
Pilar Hernández.
Otro
asesinato se reportó el pasado 8 de septiembre en Quebradillas, cuando el
oficial Jonathan Vargas Semidey asesinó a su esposa.
Asimismo, la
Policía reportó el pasado 3 de julio que uno de sus miembros, Carlos Cruz
Martínez, usó su arma de reglamento para asesinar a su pareja, Milagros Ivette
Ortiz, y luego se suicidó en el barrio Haya de Lajas.
Por su
parte, la teniente Aida Irizarry Díaz fue asesinada a puñaladas por su pareja,
Héctor Rosado, quien no pertenecía a la Policía.
¿Retrasos en
la prevención?
Aunque la
Policía detalló en la reciente vista judicial en el Tribunal Federal los
esfuerzos dirigidos a atender la violencia de género dentro de la agencia, solo
2,907 de los cerca de 10,500 agentes en la Uniformada han recibido el
adiestramiento preparado en colaboración con la Oficina de la Procuradora de
las Mujeres (OPM) para responder a los casos de violencia de género.
La Orden
General 600-627, titulada “Investigación de Incidentes de Violencia Doméstica”,
ordenó –a finales del 2016– la confección de un adiestramiento para el personal
del Negociado de la Policía. El adiestramiento se comenzó a ofrecer en marzo de
2017 y en casi dos años solo ha sido otorgado a poco más de una cuarta parte de
los agentes policíacos.
“Ellos nos
dicen que para el 29 de mayo de 2019 esperan que el 100% de la Policía esté
adiestrado”, señaló Pinette.
Varias
organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las mujeres se reunieron
el lunes de la semana pasada con personal de la Policía para discutir el alza
en los incidentes de violencia de género, así como el desempeño de la
Uniformada.
“Sé que
varias compañeras han hecho el acercamiento para ponerse a la disposición de
llevar a cabo estos adiestramientos”, dijo Pinette.
La Policía
también brinda ocho horas de adiestramiento sobre los aspectos biosicosociales
de la violencia de género, el cual es otorgado por la División de Psicología de
la agencia.
Los agentes,
además, reciben otras ocho horas de adiestramiento, pero dirigidas a los
aspectos legales. Durante el 2018, los talleres los han brindado los
instructores de las áreas policíacas. Al mes de agosto, se habían impactado
6,350 agentes y 1,408 supervisores.
Mientras, a
los policías con historial de violencia de género se les brindan seis módulos dirigidos
a trabajar en el desarrollo de destrezas para el manejo de emociones, control
del coraje, conducta agresiva y comunicación asertiva.
“He tenido
casos donde se recoge la querella a insistencia de la víctima, porque se le
cuestiona si quiere seguir con la denuncia”, planteó Pinette.
Necesitan
más recursos
Como parte
de las estrategias, la Policía prevé expandir los servicios de la División de
Psicología y abarcar otras áreas como la investigación, por lo que presentaron
ante el juez Gelpí la posibilidad de ampliar los contratos de los psicólogos de
la agencia de 100 a 120 horas mensuales.
También han
peticionado contratar cinco psicólogos adicionales: tres para cubrir las áreas
policíacas de Aibonito, Utuado y Fajardo, y dos para que se dediquen a la
investigación y consultoría organizacional, según el informe presentado ante
Gelpí.
En el 2011,
el Departamento de Justicia federal advirtió que existía evidencia de que los
agentes de la Policía no atendían adecuadamente las alegaciones de violencia
doméstica. Señaló también fallas en la recopilación de datos sobre estos temas,
así como una respuesta inadecuada a los incidentes cometidos por sus miembros.
El documento
destaca que entre el 2005 y el 2010, la Policía recibió 1,459 querellas civiles
de violencia machista contra agentes. De las querellas resueltas durante este
período, los investigadores administrativos
recomendaron medidas disciplinarias
y acciones correctivas en 1,018 casos.
Igualmente, identificaron 98 agentes que
fueron arrestados más de una vez por cargos de violencia doméstica entre el 2007
y 2010. Muchos de ellos, al momento del informe, permanecían activos.
Por LEYSA CARO
GONZÁLEZ/Endi.com
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