CONSTITUCIÓN DEL 2010 CUMPLE NUEVE AÑOS DE SU PROCLAMACIÓN

26 de enero de 20190 comentarios


SANTO DOMINGO, República Dominicana (26 Enero 2019).- Este sábado se cumplen nueve años de la proclamación de la Constitución del 2010.

Entró en vigor la Constitución con las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional y proclamadas el pasado 26 de enero.

Técnicamente, se trata de la misma Constitución dada y proclamada el 28 de noviembre de 1966 y la cual fue objeto de dos reformas previas a la de 2010, una en 1994 y otra en 2002, todas ellas realizadas conforme el mecanismo de reforma previsto por la propia Constitución.

Como bien señaló el presidente Leonel Fernández en su discurso ante la Asamblea Nacional, la Constitución de 1966 ha sido la más longeva de todas nuestras constituciones y, si la comparamos con las 34 reformas experimentadas por la Ley Fundamental alemana desde 1949 hasta 1987, la misma ha marcado un período de evidente estabilidad constitucional. Y no es que las reformas sean prueba de inestabilidad: por el contrario, las reformas constitucionales demuestran la auto referencialidad normativa que debe caracterizar a todo ordenamiento constitucional democrático en donde éste regula su propio cambio.

Nadie pone en duda, sin embargo, que, como señala Karl Loewenstein, las reformas constitucionales emprendidas por razones oportunistas para facilitar la gestión política desvalorizan el sentimiento constitucional. En el caso dominicano, hemos reformado, cambiado o sustituido 38 veces nuestra Constitución, ignorando muchas veces el mecanismo de reforma constitucional y proclamando nuevas constituciones como consecuencia del carácter militar de los cambios políticos en nuestra historia. Muchas de estas reformas han versado sobre aspectos secundarios que apenas afectan los principios estructurales y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Como bien señala Peña Batlle, si es cierto que la Constitución ha sido objeto de numerosas reformas y modificaciones no es menos cierto que el espíritu de esos cambios no ha estado nunca en oposición con la doctrina adoptada en 1844 para encauzar el desenvolvimiento de nuestras instituciones públicas. Como lo diría Juan Jorge, al evaluar la evolución histórica de nuestras constituciones, todas esas reformas han sido más bien obras de retoque que una ruptura con el orden constitucional establecido en 1844.  O, para decirlo en palabras de Manuel Amiama, éstas no han alterado esencialmente la teoría política que desde el principio la inspiró.

Aunque, desde la óptica estrictamente formal, la Constitución vigente es la misma de 1966, lo cierto es que, en el fondo, se trata de una nueva Constitución fruto de una reforma constitucional integral y total. No se trata de cambios cosméticos: lo que se ha producido es una profunda reforma, aunque el espíritu democrático y republicano de la misma ha sido redimensionado y consolidado por la inserción de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho y todo lo que de ella deriva.

Por eso, a pesar de que formalmente lo que tenemos es una Constitución reformada, no es del todo inexacto hablar de la Constitución de 2010, como ha sido característico en la tradición constitucional dominicana, alimentada por la regla de la publicación íntegra de la Constitución con los textos reformados, en esta ocasión con un cambio de redacción, numeración y estructuración. No es ocioso recordar, dado el empecinamiento de quienes infundadamente cuestionan la constitucionalidad de la reforma constitucional recientemente efectuada, que esta reforma total  no está prohibida por la Constitución, siempre y cuando no se altere la forma de gobierno que debe ser siempre democrático, republicano, civil y representativo, conforme la cláusula de intangibilidad del viejo artículo 119, hoy 268, tras la reforma.

La Constitución ha sido reformada pero sus normas, para ser jurídicamente vinculantes, no tienen que esperar que entren en vigor los cambios legislativos por ella exigidos. La Constitución aplica inmediatamente. Los jueces del Poder Judicial siguen siendo jueces de amparo y, en todas las materias (civil, penal, laboral, administrativa, tierra, etc.) deben seguir aplicando la Constitución a la resolución de controversias. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia hará las veces de Tribunal Constitucional hasta tanto sea integrado el mismo. Las leyes vigentes deben ser interpretadas conforme la Constitución y cuando no sea posible esta interpretación deberán ser anuladas o desaplicadas por inconstitucionales. La aplicación de las normas constitucionales solo debe condicionarse a la aprobación de una ley cuando así lo exige la Constitución. Tenemos Constitución, ahora debemos tratar de vivir en Constitución.





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