RELIGIOSOS Y POLÍTICOS DE NUEVA YORK EXIGEN QUE LOS NEGROS ACCEDAN AL NEGOCIO DE LA MARIHUANA LEGAL

NUEVA YORK (13 Marzo 2019).- Los púlpitos de las iglesias afroamericanas en ciudades como Nueva York ofrecen consuelo divino a sus feligreses. Tampoco se olvidan, sin embargo, de hablar y aconsejar sobre asuntos terrenales.

“Es una cuestión de justicia económica”, proclamó hace unos días el pastor Anthony Trufant, de la Emmanuel Baptist Church. “Hay oportunidades para la inversión –dijo–, para crear empleo y para los pequeños negocios. Y por último, pero no menos importante, es un asunto de justicia política”.

¿De qué hablaba?

El pastor Trufant, como tantos otros líderes religiosos y políticos, se ha implicado en la toma de conciencia de la comunidad negra para que no dejen pasar la oportunidad de sacar beneficio de la industria del cannabis. Las comunidades afroamericanas están sopesando cómo y de que manera les impactará la legalización de lo que aquí se denomina “marihuana recreacional”, cuyo consumo público, a partir de los 21 años, es una de las metas del gobernador Andrew Cuomo (demócrata) antes de que finalice este 2019. Si alguien sabe el coste de fumar canutos, esos son los negros, que lo han sufrido más que nadie.

Cuando hay un ramillete de estados en los que el consumo está despenalizado, una estadística del 2018 muestra que, en la Gran Manzana, los arrestos de afroamericanos fueron ocho veces superiores al de blancos no hispanos por posesión de pequeñas cantidades a lo largo de los últimos tres años.

En ese seminario celebrado en Brooklyn recientemente, con una audiencia en torno al millar de personas, Trufant y otros participantes insistieron en la necesidad de que esos antecedentes policiales y judiciales se eliminen, siempre que se traten de casos de no violentos relacionados con la marihuana. Los oradores apelaron a los asistentes a llamar a los políticos de sus distritos y expresarles sus preocupaciones en la materia.

Los afroamericanos son los que han sufrido los arrestos y ahora reclaman su parte de beneficios

“Esta guerra contra las drogas ha sido en gran medida una guerra contra la gente de color y los ciudadanos pobres de Estados Unidos , y en mayor parte la han sufrido mis hermanos, hijos, padres y amigos”, afirmó Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York, la primera mujer y afroamericana elegida para este cargo.

Ese tipo de convocatorias consisten, además, en orientaciones respecto a cómo conseguir una licencia para cultivar o a abrir un dispensario, o cuales son los alivios médicos que ofrece el cannabis.

El asunto ha trascendido a las iglesias y ha llegado hasta Albany, la capital del estado y sede del Capitolio neoyorquino. Los legisladores negros, a pesar de la sintonía de partido, han amenazado al gobernador Cuomo con bloquear el proceso legislativo si no se garantiza que los afroamericanos tengan una participación en los 3.000 millones de dólares que se calcula generará esta iniciativa. 

Lo que persiguen es que se asegure que habrá dinero para los programas de formación de esta comunidad y que los emprendedores negros dispondrán de acceso a licencias, que se temen serán para el poder blanco que representan las corporaciones del sector.

Según estos congresistas, su aspiración consiste en generar una legislación propia en la que no se repitan los errores observados en las regulaciones de los diez estados, más Washington DC.

En ningún de esos lugares se ha facilitado que la minoría negra acceda a las ganancias de un mercado por la que ha sido castigada. En Colorado, según los emprendedores afroamericanos, se les denegaron las autorizaciones por sus antecedentes. En California se introdujo una clausula de efecto retroactivo para dar igualdad de oportunidades. Los congresistas neoyorquinos son los que de manera más activa se han entregado a la campaña a favor de la legalización, pero quieren que ese paso suponga el acceso a un programa económico que no discrimine.

Uno de los asistentes al foro de Brooklyn lo resumió: “Me gustaría ser menos minoría y formar parte de la mayoría”. Que equivale a menos detenciones y más dólares.

Por FRANCESC PERIÓN/La Vanguardia