ACUSAN EN TRIBUNAL A EXDIRECTOR DE CORDE Y OTRAS 16 PERSONAS POR VENTA TERRENOS EN LOS TRES BRAZOS
SANTO
DOMINGO, República Dominicana (29 Septiembre 2019).- El Ministerio Público
informó este domingo que depositó en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de
la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal contra el exdirector
de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y otros 16
implicados en la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, del
municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
El órgano
judicial acusó de incurrir en esa actividad ilícita a los exfuncionarios de
CORDE, el exdirector de esa entidad, Leoncio Almánzar Objío; Manuel Aybar
Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor
jurídico; Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito
Nacional; Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones
Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de INFEPA.
Además, los miembros de esa empresa Carlos Aris Gómez
Williams y Julio César Gómez Williams; José Enrique de Pool Dominici, principal
accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC; los agrimensores
Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, y Lisetel González, quien
prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para
recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de
CORDE.
Igualmente,
fueron acusadas las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi
S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas SIDENET S.R.L., Inversiones
Fernández Parache y Asociados, S.R.L (INFEPA), TITULATEC S.R.L y Tekknowlogic
Dominicana S.R.L.
El
Ministerio Público solicitó que se dicte auto de apertura a juicio en su
contra, acogiendo en su totalidad la acusación presentada en contra de los
encartados por los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco,
soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en
perjuicio del Estado dominicano, asociación de malhechores, estafa, coautor de
soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en
desfalco.
El Ministerio
Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (PEPCA), los acusa de violar varios artículos del
Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la
Inversión.
La información
fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, el cual destaca que durante la investigación de este
caso de corrupción fueron encontradas pruebas suficientes y con méritos para
que los encartados sean enviados a juicio de fondo, ya que las mismas los
vinculan a la venta irregular de terrenos en Los Tres Brazos, mediante
maniobras fraudulentas en la que resultaron estafadas miles de familias
residentes en ese populoso sector.
El
comunicado resalta que para probar los hechos delictuales cometidos por los
imputados de este proceso, el Ministerio Público llevó a cabo una extensa labor
de investigación en el orden testimonial y documental. Indica en ese orden, que
la acusación formulada por el órgano persecutor se sustenta en las
declaraciones de 52 testigos, que incluyen funcionarios públicos de diferentes
instituciones, moradores del sector Los Tres Brazos en calidad de víctimas,
peritos, técnicos, agrimensores, agentes policiales y toda persona con
información útil sobre el proceso.
En el orden
documental, señala el Ministerio Público que obtuvo más de 600 pruebas
documentales que incluyen, entre otras, experticias caligráficas y documentales
realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), análisis
financieros y societarios de cada uno de los imputados y empresas imputadas,
ejecutados por especialistas en el área y basados en informaciones obtenidas
del sistema financiero con orden judicial; certificaciones de cada documento o
información que reposa en instituciones públicas o privadas necesaria para
acreditar los hechos, así como peritajes informáticos realizados por el INACIF
a más de 100 equipos informáticos ocupados en allanamientos realizados a los
imputados también con orden emanada de un tribunal.
Estas
pruebas documentales y materiales, señala que han sido obtenidas por el
Ministerio Público con el más estricto apego al debido proceso de ley y respeto
de los derechos fundamentales de los encartados, las cuales demuestran más allá
de toda duda razonable la culpabilidad en la comisión de los delitos contra el
patrimonio público de los que son acusados por este colosal fraude
inmobiliario, uno de los más graves, masivos y complejos ocurridos en el país.
La acusación
establece que un grupo de funcionarios públicos conformados por los
exdirectivos de CORDE, la ex directora nacional del Registro de Títulos y dos
agrimensores se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico
constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano vendiendo todo
un sector habitado, de más de un millón de metros cuadrados, a precios pírricos
a un grupo de empresarios agrupados en la compañía INFEPA. Refiere que éstos
últimos tenían expectativas de obtener ganancias por miles de millones de pesos
resultado de revender la infraestructura pública y privada desarrollada en el
sector, valiéndose de maniobras fraudulentas (estafa) en perjuicio del Estado y
el pago de beneficios indebidos en forma de sobornos.
Procurador
asegura están preparados para procurar justicia
El
procurador general de la República, Jean Rodríguez, afirmó que harán los
mayores esfuerzos para que este hecho no quede impune y dijo que “todo aquel,
sea quien sea, que haya infringido la ley, tendrá que enfrentar las
consecuencias”.
Reiteró el
procurador general “Los que queremos un país mejor somos más y más fuertes que
quienes lo traicionan. Creo en nuestra nación y creo en la voluntad de su
gente. Igual que en otros casos, seguiremos trabajando, sin miedo y sin tregua,
para que estos imputados sean enviados a juicio de fondo. El Estado dominicano
y las familias del sector Los Tres Brazos pueden estar seguros de ello”.
El
magistrado Jean Rodríguez reiteró el compromiso con la lucha contra la
corrupción y la impunidad, al tiempo que llamó a la sociedad a estar vigilante
del curso que seguirá llevando este caso en los tribunales.
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