REPÚBLICA DOMINICANA CON NOTAS NEGATIVAS EN VARIOS ENCASILLADOS DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
BERLÍN (23 Septiembre
2019).- Más de la mitad de los ciudadanos en América Latina y el Caribe cree
que la corrupción está aumentando y que su gobierno no hace lo suficiente para
combatirla, especialmente en Venezuela, República Dominicana y Perú, según un
estudio de la ONG Transparencia Internacional (TI) publicado este lunes.
La edición
regional del décimo Barómetro Global de la Corrupción, una encuesta a más de
17.000 personas de 18 países, apunta que el 53 % de los interrogados cree que
en los últimos doce meses ha empeorado la situación, una tasa algo inferior al
62 % del muestreo anterior, publicado en 2017.
Además, un
85 % de los encuestados mantiene que la corrupción en el Ejecutivo es un “gran
problema” y un 57 %, que los gobiernos no están haciendo un buen trabajo
atajando esta lacra. Sólo uno de cada cinco dice tener “confianza” en su
gobierno.
“Lo que nos
dicen es que la situación no mejora, más bien que sube la preocupación. Pero no
sólo por la corrupción, también por las dificultades de los gobiernos para dar
una respuesta al problema, una respuesta coherente con sus discursos contra la
corrupción”, explica en una entrevista a Efe la directora ejecutiva de TI,
Patricia Moreira.
El estudio
revela asimismo que el 20 % ha tenido que pagar un soborno para acceder a un
servicio público básico, del agua y la electricidad a la sanidad y la
educación. Los países más afectados son Venezuela (donde un 50 % asegura haber
pagado), México (34 %) y Perú (30 %). Costa Rica, con sólo un 7 %, aparece en
el otro extremo de la clasificación.
Las malas
prácticas están además estrechamente ligadas con las elecciones, según se
desprende de esta encuesta. Un 65 % piensa que sus representantes están
influidos por “intereses privados” y un 25 % asegura que se le ha ofrecido
dinero a cambio del voto.
El estudio
también pone de relieve que la corrupción afecta especialmente a las mujeres.
Ellas se ven forzadas en más ocasiones a pagar sobornos por servicios
sanitarios y educativos.
Además, una
de cada cinco denuncia haber sufrido una extorsión de carácter sexual. “Es muy
importante estudiar en profundidad el vínculo entre corrupción y género.
La
corrupción es un tabú en muchos sitios; y la discriminación sexual, también. La
corrupción contra la mujer es por tanto un doble tabú. Por eso es importante
darle espacio y visibilidad a este asunto. Si no, no se puede contrarrestar”,
explica Moreira. Aunque no hay una clasificación de la situación por países, el
barómetro sí que detalla los resultados nacionales de la macroencuesta.
Destaca el
porcentaje de venezolanos que creen que la corrupción ha aumentado en el último
año, un 87 %, muy por encima de los resultados en otros países.
Le siguen
República Dominicana (66 %) y Perú (65 %).
Venezuela es asimismo el país donde más
encuestados aseguran haber pagado una mordida en los últimos 12 meses, un 50 %.
Los
venezolanos son también quienes más pesimistas se muestran sobre la actuación
de su gobierno- el 91 % cree que lo está haciendo mal, seguidos por los
ciudadanos de Panamá (79 %) y República Dominicana (72 %).
Sobresalen
en sentido contrario México, donde el 61 % piensa que su Ejecutivo lo está
haciendo bien en la lucha contra la corrupción.
“Lo que está
pasando con Venezuela no es aceptable ni sostenible”, apuntó Moreira. La compra
de votos, por su parte, aparece como endémica en México, donde el 50 % asegura
que se le ha ofrecido dinero para respaldar a un partido o candidato, seguido
por República Dominicana (46 %), Colombia y Brasil (40 %). “Algo muy llamativo
es la compra de votos en México. Es un caso excepcional, el país más destacado
en este apartado. Otro dato preocupante es que uno de cada cuatro de los que se
le ha ofrecido dinero dice haber sido amenazado para votar realmente por lo que
se le pagó”, señala la directora ejecutiva de TI.
La policía
aparece en general como el servicio más corrupto (a quienes dicen haber pagado
el 24 % de los interrogados), seguido por los proveedores de servicios básicos
(19 %), los emisores de documentos de identidad (15 %), los colegios (12 %),
los juzgados (11 %) y los centros sanitarios (10 %).
El barómetro
también señala que tres de cada cuatro encuestados cree que denunciar la
corrupción les conllevará “represalias” (especialmente en El Salvador,
Honduras, Jamaica y Venezuela). No obstante, el 77 % confía en que cualquiera
puede “marcar una diferencia” en la lucha contra estas malas prácticas. Sobre
estos resultados, TI insta a los gobiernos a castigar la compra de votos, a
reforzar la transparencia financiera de partidos y candidatos y a mejorar la
eficiencia de los servicios públicos.
También pide
que se garantice la independencia de la Justicia, que se proteja a los
denunciantes y que se reconozca la extorsión sexual como una forma de
corrupción. El informe llama también a implementar el Compromiso de Lima, que
contiene 57 acciones para reforzar la acción de los gobiernos contra la
corrupción, y difundir públicamente los avances en este ámbito.
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