VENEZUELA, PRIMER PAÍS DE LATINOAMÉRICA INVESTIGADO POR EL CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
NUEVA YORK
(27 Septiembre 2019).- Venezuela se convirtió hoy en el primer país
latinoamericano para el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creará una
comisión que investigará los presuntos abusos del gobierno, en aplicación de
una resolución impulsada por el Grupo de Lima y con la que Caracas ha advertido
que no colaborará.
La
resolución, patrocinada por países como Colombia, Perú y Brasil, fue aprobada
con diecinueve votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, entre ellas
las de México y Uruguay.
'Efectivamente,
permitirá la rendición de cuentas de los responsables de violaciones de los
derechos humanos en Venezuela', destacó a Efe tras la aprobación de la
resolución Carlos Foradori, embajador de Argentina ante la ONU en Ginebra y
cuyo país fue uno de sus impulsores.
La comisión
investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes ocurridos desde 2014 en Venezuela, y presentará sus resultados al
Consejo dentro de un año.
El texto de
la resolución también condena 'la extendida represión y persecución política en
Venezuela', recordando que el informe presentado este año ante el mismo Consejo
por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.
La
resolución, que contó con el voto favorable de España y otros países de la
Unión Europea que son miembros del Consejo de Derechos Humanos, urge por otro
lado a las autoridades venezolanas a liberar inmediatamente a todos los presos
políticos.
En los
márgenes del consejo, la representante del líder opositor venezolano Juan
Guaidó en Ginebra, María Alejandra Aristeguieta, dijo a Efe que el texto
aprobado hoy 'es un gran paso para continuar aumentando la presión
internacional para que se pueda evidenciar lo que esta sucediendo en
Venezuela'.
Aristeguieta
expresó su confianza en que la comisión esté formada por 'expertos
independientes con una larga trayectoria en el área de derechos humanos y de
posibles crímenes de lesa humanidad' con el fin de 'tratar de establecer si hay
motivos para ir a la Corte Penal Internacional'.
Por su
parte, el embajador del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, Jorge Valero,
aseguró en el debate previo a la votación que la resolución era 'una hostil
iniciativa que vulnera los principios de respeto a la soberanía y la no
injerencia en los asuntos internos de los Estado'.
'Es una
muestra palpable de lo que significan la manipulación y el uso politizado de
este consejo y sus mecanismos', señaló, y adelantó que la formación de la
comisión investigadora y otras medidas estipuladas por la resolución 'no
contarán con el consentimiento' del régimen de Maduro.
Valero
también atacó a los países del Grupo de Lima que promovieron la resolución, a
los que acusó de ser 'vergonzantes súbditos del Gobierno de Donald Trump' y de
'seguir al pie de la letra las instrucciones del imperialismo norteamericano'.
El embajador
Foradori respondió a ello que el 'imperio' al que han seguido a la hora de
impulsar el texto fue 'el imperio de la justicia, de la razón y del respeto
profundo por los derechos humanos'.
Entre los
argumentos presentados por el Grupo de Lima para defender su iniciativa, la
delegación chilena destacó que la región latinoamericana también se ha visto
impactada por la crisis social, económica y política que vive Venezuela, por el
éxodo de más de cuatro millones de venezolanos sobre todo a países vecinos.
Corresponderá
ahora al presidente del Consejo de Derechos Humanos -actualmente el embajador
senegalés Coly Seck- iniciar el proceso de formación de la comisión, que
incluirá designar a sus miembros.
De manera
general, este tipo de comisiones se crean frente a casos de crímenes
generalizados en zonas de conflictos (Yemen, Siria, Palestina y Birmania, entre
otros) y sus miembros suelen ser destacados activistas por las libertades
fundamentales, entre ellos juristas, académicos o diplomáticos. EFE/Antonio
Broto
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