SAN JUAN, Puerto Rico (22 Febrero 2016).- Jornadas
de trabajo interminables, acusaciones de
robo, maltrato verbal y amenazas.
Esas son apenas algunas de las experiencias que les
ha tocado vivir a varias mujeres inmigrantes que viajaron a Puerto Rico sin los
documentos necesarios, pero buscando una mejor calidad de vida y se toparon con
personas que abusaron de su vulnerabilidad.
Para ellas, la orden ejecutiva firmada recientemente
por el gobernador Alejandro García Padilla, que ordena al Departamento del
Trabajo (DT) orientar sobre las
protecciones laborales que cobijan a empleados domésticos, es una buena
iniciativa.
Romelinda
Grullón, directora del Centro para la Mujer Dominicana, coincide, pero a
medias. Para la activista de derechos humanos, hace falta mucho más que la
orden para poder garantizar los derechos de las personas que hacen trabajos
domésticos, pero sin documentos de residencia. Datos informales recopilados por
organizaciones sin fines de lucro apuntan a que más de la mitad de los que se
dedican a esas tareas no tienen permiso de residencia en el País.
“Eso fuiste
tú”
María (nombre
ficticio para proteger su identidad), quien lleva siete años en la Isla
procedente de República Dominicana y no tiene
familiares aquí, trabajó varios años en una casa en la que su patrona no
perdía oportunidad para achacarle las cosas perdidas. La mujer la hostigaba diciéndole que ella era la única a quien se podía culpar.
“Yo siempre era la que pagaba con todo... Te dicen
‘mira, falta algo en la casa’, o ‘yo dejé 40 pesos ahí y no están’ y después siempre
aparecen las cosas, los chavos en un pantalón o algo... Si se rompía algo
también era siempre yo”, relató frustrada.
En otra casa le reclamaron las ausencias. María
asegura que se enfermó y debía acudir a unas citas médicas, pero le descontaban pagos aunque repusiera
las horas.
Más recientemente acordó de forma verbal hacer unas
tareas específicas por una cantidad de dinero. Pero después la mujer le dio
cuatro o cinco trabajos adicionales por el mismo precio. Al final del día ni
siquiera le pagó el monto completo.
“No volví. ¿Me iba a matar de las 8:00 a.m. a 4:00
p.m. por 50 pesos? ¡No!”, expresó.
Turnos de 12 horas sin pago doble.
Janet
Gómez, también de República Dominicana y
quien lleva 10 años en la Isla, ha tenido múltiples trabajos, casi todos de
limpieza o cuidando enfermos. Los primeros años tuvo turnos de 12 horas por las
que le pagaban apenas US$50. Eso equivale a US$4.17 la hora, mucho menos del
salario mínimo federal. Otras veces tuvo que aceptar US$30 por un día o US$3.75 la hora.
Una vez trabajó en una cafetería y le pagaban menos
que al resto de los empleados. El dueño del negocio le dijo que podía desayunar
y almorzar de lo que se cocinaba para la venta y que con eso “compensaba”. Sin
embargo, al servirse y guardar su plato de comida, el individuo insinuó que
estaba robando. Ella le reclamó que para no tener problemas le pagara lo mismo
que al resto de las personas y el propietario no quiso.
“¿Y qué iba a hacer? Pues me fui. Uno ha tenido que
tomar trabajos de $30 el día y además por las situaciones económicas que uno ha
tenido, por la necesidad, pero sí se abusa... y que denigren a uno por no tener
un estatus legal, eso es lo peor que hay en el mundo”, confesó.
¿Suficiente?
Grullón
entiende que la orden ejecutiva 2016-004
del 5 de febrero es un paso de avance importante.
El documento ordena al DT a orientar y promover que
se cumplan las protecciones laborales que cobijan a los empleados domésticos.
La agencia también debe fomentar que se hagan contratos por escrito entre el
empleado y el patrono y crear modelos de esos contratos.
No obstante, Grullón cuestionó la utilidad de la
orden como solución a los graves problemas que viven las mujeres indocumentadas
que hacen trabajo doméstico, sin que se apruebe una reforma migratoria
integral.
La activista comunitaria afirmó que es muy poco
probable que una persona formalice un contrato con su empleada doméstica
indocumentada porque hay una ley que
penaliza ese tipo de relación contractual.
En todo caso, se puede perpetuar la práctica de
aceptar condiciones de menor salario o explotación con tal de que el patrono no
vaya ante la agencia federal de inmigración a denunciarlo.
“Podemos decir que cinco de cada 10 migrantes
dominicanos que residen en Puerto Rico son indocumentados. ¿De qué forma el
Departamento del Trabajo les va a poder garantizar esos derechos?”, manifestó
Grullón.
Iván Avilés, educador laboral del DT, reconoció que
no hay un plan de trabajo formal para las orientaciones porque a su juicio es
lo que siempre se hace en las 14 oficinas regionales. Negó que se trate de una
contradicción fomentar la contratación cuando se penaliza tener empleados
indocumentados, ya que lo que se busca es que las personas conozcan sus
derechos y obligaciones.
Asimismo, dijo que es mentira que los patronos vayan
a denunciar a un empleado indocumentado porque entonces se exponen a multas
administrativas.
Según Avilés, la agencia como política pública no
puede fomentar la contratación de un empleado indocumentado, pero sí puede
asegurarse de que a cada trabajador se le pague lo que le corresponde.
“Si un trabajador indocumentado me dice: ‘Trabajé y
este patrón se aprovechó de mis condiciones y me pagó menos del salario mínimo
federal’, sí vamos a hacer la intervención para cobrar esas partidas... y no
vamos a chotear a esa persona, por así decirlo, a Inmigración”, aseguró.
Al cierre de esta edición el Departamento del
Trabajo no tenía disponible estadísticas de cuántos casos de indocumentados
atendieron en el pasado año.
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