DETECTAN IRREGULARIDADES E INOBSERVANCIA POR RD$3,500 MILLONES EN COMPRA ASFALTO AC-30 POR COMPAÑÍA DE ALEXIS MEDINA
Según una auditoría en esas operaciones el Estado dejó
de recibir por concepto de pago de impuesto más de 171 mil millones pesos.
De acuerdo con la auditoría de la Cámara de Cuentas
hubo diferencia de asfáltico AC-30 importado facturado por la cantidad de
2,884,623 galones, equivalente a 359 mil millones, 712,488 de pesos.
También revela que hubo excedentes de cantidad, sin
evidencia de ajustes de precio por la suma de 3 mil millones 767,329 mil pesos,
según indica la misma auditoría.
También revela que hubo pagos en exceso al monto
contratado del asfalto, sin justificación, por un monto de 484 mil millones
117,400 pesos.
Pagos realizados, sin evidencia de certificación en la
Dirección General de Impuestos Internos y la Tesorería de la Seguridad Social
ascendentes a 422 mil millones 922, 993 pesos.
Otras de las debilidades encontrada por los auditores
de la Cámara de Cuentas fueron ejecución de contratos sin evidencia de poder especial
por parte del Presidente de la República y sin cláusula del monto contratado.
En la misma auditoría se comprobó que los contratos
para la compra del material asfáltico AC-300 se realizaron sin registro de la
Contraloría General de la República y tampoco para la adquisición del cemento
asfáltico AC.300 no hay evidencia de aprobación presupuestaria.
Según la Cámara de Cuentas, sus auditores verificaron
“expedientes de desembolsos con documentación de soporte incompleta, tales
como: conduces, facturas, relación de conduces, entre otros, lo que impide
validar la totalidad del HAC preparado con el AC-30, suministrado por la
empresa General Supply Corporation, SRL, RNC n.° 131-12060-1”.
Tras detectar las citadas irregularidades el pleno de
la Cámara de Cuentas remitió la resolución al ente auditado, a los exministros
y al ministro de Obras Pública y Comunicaciones, a la Contraloría General de la
República, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Tesorería
de la Seguridad Social (TSS), a la Dirección General de Contrataciones
Públicas, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y
a la Procuraduría General de la República, atención Procuraduría Especializada
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como a cualquier
organismo contemplado en la ley, a efectos de que observen las disposiciones de
los artículos 47, 48, 49 y 54 de la Ley n.°10-04, de fecha 20 de enero del año
2004, y procedan con las medidas pertinentes”.
De su lado, el exministro de Obras Públicas Gonzalo
Castillo dijo que respondió en carta del 25 de noviembre de 2021 donde aclaró
que en el departamento de Contabilidad del Ministerio de Obras Púbicas y
Comunicaciones reposan todos y cada uno de los expedientes de pago con sus
respectivos soportes, después que los mismos son revisados y autorizados por la
Contraloría General de la República (COR).
Añadió que la Contraloría General de la República
digitaliza de manera íntegra cada expediente recibido y lo mantiene en sus
archivos digitales, por lo que la información/ faltante bien puede ser ubicada
con alguna diligencia personal adicional en los archivos de la Contraloría
General de la República”.
Asimismo, dijo que solicitó al ministro actual de
Obras Públicas y a la Contraloría General de la República “en fecha 17 de
noviembre de 2021, los expedientes y documentos /faltantes” a fin de que se
permita “realizar los análisis completos de la documentación referida para dar
respuesta a las cuestiones planteadas como objetivos del informe.
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