DETENIDOS DOS ASPIRANTES EDILES DEL PSOE DE MOJÁCAR POR LA COMPRA DE VOTOS DE INMIGRANTES DE ENTRE 100 Y 200 EUROS PARA COMETER FRAUDE EN ELECCIONES DEL DOMINGO
La red, según informan fuentes de la investigación,
pagaba entre 100 y 200 euros a cambio de adulterar el sufragio a favor de los
socialistas y, además, llegaba a ofrecer comisiones de 50 euros a esas personas
si, a su vez, conseguían que sus conocidos o familiares accedieran a cometer
también el fraude electoral denunciado.
Era el propio Vizcaíno, que no estaba afiliado al
PSOE, la persona que en ocasiones pudo personalmente captar a ciudadanos para
ofertarles el dinero, informan las mismas fuentes de la investigación. La trama
trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano
de bajo poder adquisitivo residentes en Mojácar. Entre los detenidos hay varias
personas procedentes de países como Ecuador y Nicaragua.
En los más de diez registros que se practicaron ayer
en distintos domicilios y locales de Mojácar, los agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) del Instituto Armado se incautaron de listas del censo donde
estaban marcados los nombres de ciudadanos, resguardos de votos por correo y
material tecnológico. Estas copias censales podrían llevar a la sección de
Delitos Económicos de la UCO a esclarecer un número aproximado al total de
votantes que han vendido su sufragio. Los agentes comenzarán hoy a analizar el
material en profundidad. El golpe a la trama no podía dilatarse más en el
tiempo puesto que hoy acaba el plazo de emisión de voto por correo, y había
riesgo de que, una vez emitidos todos los votos por correo, fuera destruida
documentación relevante del caso.
MÁS
DE UN MES DE INVESTIGACIÓN
Todos los detenidos han pasado la noche en los
calabozos de la Guardia Civil a la espera de prestar declaración. La
investigación que dirige un juez de Vera (Almería) se inició hace un mes
después de que un ciudadano interpusiera una denuncia ante la Guardia Civil
alertando de los comportamientos «anómalos» que observaba en Mojácar, precisan
las mismas fuentes consultadas. Ante la entidad de la denuncia y la existencia
de una denuncia de las mismas características cursada un año antes, la Policía
Judicial de Almería contactó con la UCO.
La familia de Flores es propietaria de un estanco,
mientras que Vizcaíno dirige un conocido local de copas en el municipio. La UCO
investiga si la trama utilizó el negocio del primero como dirección postal para
cometer el presunto fraude electoral que se intenta esclarecer. Los presuntos
implicados en la operación para la compra de votos en Mojácar tienen intereses
familiares que justificarían la actuación a la desesperada para conseguir
arrebatarle al PP la alcaldía después de 16 años de gobierno popular.
Por un lado, Francisco Bartolomé Flores es hijo del
que fuera senador socialista por Almería Bartolomé Flores Flores, que tiene
interpuesta una demanda contra el Ayuntamiento de Mojácar por la calificación
de uso de una parcela situada en primera línea de playa de la que es propietario.
Ese suelo está calificado como equipamiento privado.
Es decir, sólo podría construirse en el mismo algún tipo de establecimiento con
fines sociales, como un centro educativo, deportivo o sanitario. Rodeado de
grandes urbanizaciones residenciales, el propietario viene reclamando al
Ayuntamiento su recalificación pero el gobierno municipal solo le ofreció en su
momento una modificación parcial del uso, que no ha satisfecho sus
expectativas. Dado que el suelo lleva años sin dar rentabilidad alguna porque
no se ha llegado a desarrollar ningún tipo de equipamiento, el propietario
considera que debe ser indemnizado por valor de tres millones de euros, que es
la cantidad que reclama al Ayuntamiento por vía judicial.
La reforma pendiente del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Mojácar podría ser una nueva oportunidad para Bartolomé Flores
y que el PSOE tome el control del gobierno municipal podría facilitar de alguna
manera la negociación. Por otro lado, según ha podido saber EL MUNDO, hay
varios miembros de la candidatura socialista que tienen intereses en la
hostelería y se han visto también afectados por la actuación del Gobierno de
Rosa María Cano. Algunas fuentes citan la relación familiar de uno de los
miembros de la lista del PSOE con la propietaria de dos chiringuitos, que
tienen expedientes abiertos por el uso indebido de terrazas y veladores.
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