Para que plan del programa de renuncia diferida reducir la fuerza laboral federal sea implementado por presidente Trump, un juez federal allanó camino
Ello representó una victoria jurídica importante para
el presidente republicano tras una serie de reveses en los tribunales.
“Esto demuestra que la guerra jurídica no prevalecerá
sobre la voluntad de 77 millones de estadounidenses que apoyaron al presidente
Trump y sus prioridades”, afirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca,
Karoline Leavitt.
No está claro cuántos trabajadores federales aceptaron
la oferta de renunciar a cambio de recibir un salario hasta el 30 de
septiembre, pero la Casa Blanca indicó que había 65,000 hasta el viernes.
McLaurine Pinover, portavoz de la Oficina de
Administración de Personal, dijo que el programa de renuncia diferida ahora
estaba cerrado para más trabajadores. Ella comentó que “ofrece beneficios
generosos para que los trabajadores federales puedan planificar su futuro”.
El presidente nacional de la Federación Americana de
Empleados del Gobierno, Everett Kelley, dijo en un comunicado que los abogados
del sindicato están evaluando los próximos pasos.
“La decisión de hoy es un revés en la lucha por la
dignidad y la equidad para los servidores públicos”, afirmó Kelley. “Pero no es
el final de esa lucha. Es importante destacar que esta decisión no abordó la
legalidad subyacente del programa”.
El sindicato continúa sosteniendo que es ilegal
obligar a los ciudadanos estadounidenses a tomar una decisión, en unos pocos
días, sin información adecuada, sobre “si desarraigar a sus familias y dejar
sus carreras por lo que equivale a un pagaré no financiado de Elon Musk”, dice
el comunicado.
El juez federal de distrito George O’Toole Jr. de
Boston determinó que los sindicatos no tenían legitimidad legal para impugnar
el programa, comúnmente descrito como una oferta de incentivos para que el
empleado renuncie voluntariamente. O’Toole fue nominado por el expresidente
Bill Clinton, un demócrata.
El programa de renuncia diferida ha sido impulsado por
Elon Musk, quien funge como el principal colaborador de Trump para reducir el
gasto federal. Según el plan, los empleados pueden dejar de trabajar y recibir
un sueldo hasta el 30 de septiembre.
Los sindicatos laborales argumentaron que el plan es
ilegal y pidieron a O’Toole que lo mantuviera en pausa y evitara que la Oficina
de Administración de Personal solicitara a más trabajadores que se
inscribieran.
Un abogado del Departamento de Justicia ha calificado
el plan como una “salida humanitaria” para los empleados federales que pueden
haber estructurado sus vidas en torno al trabajo remoto y que han sido
ordenados a regresar a las oficinas del gobierno.
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