El juicio al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro y otros siete acusados por tentativa golpista entra en fase final
Las defensas tienen plazo hasta el miércoles para
entregar sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Se acusa
al grupo de abolir violentamente el orden democrático en el gigante sudamericano
luego de Bolsonaro ser derrotado en urnas ante el actual gobernante Luiz Inácio
Lula da Silva.
Entre los imputados hay exministros, militares y
exjefes de seguridad del Gobierno anterior (2019-2022), todos alineados con el
exmandatario ultraderechista.
La Fiscalía General ya presentó su solicitud formal de
condena para los ocho principales implicados.
El juez Alexandre de Moraes, del STF, podrá emitir su
voto tras recibir todas las defensas pendientes.
La decisión final se espera en septiembre, cuando el
STF podría condenar o absolver a los involucrados.
Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, afirmó
que solo cumplía órdenes superiores sin intención golpista alguna.
El juicio forma parte de una amplia investigación
sobre los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023.
Aunque por su historia, Brasil nunca figuró como
blanco específico de la acción de grupos terroristas, la polarización y el
discurso de odio visceral que emanó del poder desde 2019 condujo recientemente
a episodios de este tipo.
Partidarios radicales de Bolsonaro disfrutaban de la
instalación de campamentos, bajo patente de protestas pacíficas y libre
expresión, en ciudades y en especial en Brasilia, contra el resultado de los
comicios y la asunción al poder por tercera vez de Lula.
Sin embargo, ese 8 de enero cayó la máscara, la orden
fue dada y casi siete mil extremistas bolsonaristas (adeptos del exmilitar y
apropiados del color amarillo de la bandera) invadieron y depredaron las sedes
del Congreso Nacional, el Supremo y el Palacio del Planalto, sede del Poder
Ejecutivo en esta capital.
El resultado del sonado juicio podría marcar un
precedente para la protección del orden constitucional en Brasil.
La corte superior reafirmó que los derechos procesales
están plenamente garantizados a todas las partes.
También reiteró su compromiso con el combate a
acciones antidemocráticas y la defensa del Estado de Derecho.
El caso sigue siendo uno de los más complejos y
sensibles en la historia judicial reciente del país.
Su desenlace será crucial para el equilibrio entre
instituciones y la confianza pública en la democracia.
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