Ministerio Público apelará medidas de coerción impuestas a imputadas por el homicidio involuntario de Stephora Anne-Mircie Joseph
En respuesta a la solicitud del órgano acusador, que
solicitó la imposición de una garantía económica por un monto de 50 millones de
pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida
del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el
Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos, el tribunal
respondió imponiendo una garantía económica de 500 mil pesos mediante una
compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento a salir del país
contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro
educativo Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y
Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Entre tanto, el
juzgador ordenó la libertad sin imponer medidas de coerción a favor de Gisela
Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora
del equipo directivo.
El Ministerio Público reitera que las medidas de
coerción que solicitó son las más idóneas y proporcionales con los hechos
imputados a las cuatro procesadas, por lo que se abocará a apelar esta
decisión.
“No estamos conformes con la decisión; nos enfocamos
ahora en recibir la notificación con la decisión para presentar el recurso
correspondiente”, dijo tras su salida de la sala de audiencias la procuradora
de corte Olga Diná Llaverías, responsable de la Dirección Nacional de Niños,
Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
Junto a Llaverías subió también en representación del
Ministerio Público, la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, y la
fiscal Yarily Toribio.
El caso ha recibido la calificación jurídica de
homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código
Penal dominicano. De igual forma, le fue otorgada la calificación de abandono y
maltrato a niños, niñas y adolescentes, por conducta típica al contenido del
artículo 351-2 del Código Penal dominicano. La conducta de las imputadas
también es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para
la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sobre
los hechos
La muerte de la niña se produjo el pasado 14 de
noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue
trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Instituto Leonardo Da
Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.
El Ministerio Público tiene evidencias de que
movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas
de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado
salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no
nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.
Asimismo, se ha podido evidenciar en un vídeo que hubo
negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de
Sthepfora, así como de las personas que intervinieron en la organización del
paseo.
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