Tribunal de San Cristóbal condena de 5 a 7 años a siete miembros red Larva y le incauta muebles e inmuebles por 14 millones de dólares
Jorge Luis Herasme y Ramón Eduardo Peña Reyes deberán
cumplir cada uno 7 años de prisión. También, fueron condenados a 5 años con
suspensión de la pena James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander
González Cubilette, Elizabeth Spataro Rodríguez, María Mercedes Ramona Estrella
y Sarai Esther Herasme Estrella. Todos deberán pagar multas de entre 200, 150 y
100 salarios mínimos.
El tribunal también declaró culpables a las siguientes
compañías: Upper Promotion, S.R.L.; J&H Administración y Servicios, S.R.L.;
H&S Inmobiliaria, S.R.L.; Inversiones y Servicios Jorge y María, S.R.L.;
Corporación de Crédito Corona Cocreco, S.R.L., y Lush, E.I.R.L. A dichas
entidades se les impuso una multa de doscientos (200) salarios mínimos.
La sentencia, además, dispone el decomiso de distintos
bienes muebles e inmuebles por un monto que sobrepasa los 14 millones de
dólares, incluyendo varios apartamentos y locales comerciales ubicados en
condominios de sectores del Distrito Nacional. También, dispone el decomiso de
10 vehículos de diferentes marcas y modelos, así como relojes de las marcas
Patek Philippe y Rolex.
De igual manera, la decisión ordena el decomiso de
sustancias narcóticas.
Respecto a la decisión, la procuradora general corte
Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de
Financiamiento del Terrorismo, valoró la decisión como “un golpe de alto
impacto a la criminalidad organizada y a esta estructura”.
Por este caso también fueron condenados en sentencias
anteriores: Manuel Alejandro Puig Pérez, Jorge Elías Medina Muñoz, Ángelo
Spataro Rodríguez, Luis Jiménez (a) Bonsai y/o Luis Hookah y Domingo Adalberto
Ventura González.
Asimismo, las empresas Agente de Cambio Estrella,
S.A.; Spataro Italian Foodmarket, S.R.L.; Nayali Moda Italiana, S.R.L.; Kerabo
Dominicana, S.R.L.; Mars Production & Entertainment, S.R.L. y Ardorys
Dominicana, A.R.L.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Luis
Alberto García, en representación de la Procuraduría Especializada Antilavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Daryl Montes de Oca, por la
Fiscalía de San Cristóbal. Las labores se desarrollaron con la colaboración de
la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Durante el proceso, los fiscales litigantes Luis
Alberto García, Pedro Medina Quezada, Hitler Sánchez Mateo y Daryl Montes de
Oca demostraron con suficientes pruebas que los procesados incurrieron en
lavado de activos, narcotráfico, porte y tenencia ilegal de armas y uso de
documentos falsos.
Las juezas Biulkys Milanés (presidenta), Rosa Mateo e
Ana Inés Susana, del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal,
dictaron la sentencia condenatoria tras declarar buenas y válidas las pruebas
aportadas por el Ministerio Público.
El tribunal ordenó el cumplimiento de la sentencia en
el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal. Los
procesados con suspensión de la pena deberán cumplir algunas reglas que le
ordenan no volver a participar en actividades relacionadas a los delitos por
los que fueron sancionados. En caso de incumplimiento de esas disposiciones,
deberán cumplir la pena en prisión, específicamente en los centros para hombres
y mujeres localizados en Najayo.
La
persecución contra la red criminal
El Ministerio Público recordó que la estructura
criminal fue desmantelada en fecha 16 de marzo del 2020 tras la puesta en
marcha de la Operación Larva. Posteriormente, el órgano acusador durante una labor
conjunta con la DNCD, ejecutada en fecha 27 de octubre del año 2021, realizó
una serie de allanamientos, en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo
(en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste), Santiago, San
Cristóbal y Punta Cana, durante los cuales fueron apresados varias personas.
Los arrestos se ejecutaron después de que las
autoridades interceptaran una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal,
que provenía desde Colombia y que tenía a bordo 700 paquetes de cocaína
clorhidratada.
Luego, el 26 de diciembre del año 2022, el Ministerio
Público, presentó acusación contra varias personas físicas y jurídicas.
Después, los procesados fueron enviados a juicio en el mes de agosto de 2024.
El Ministerio Público demostró que el grupo violó
varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 72-02, sobre Lavado de
Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas Sustancias Controladas, así
como de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo; la Ley Núm. 631-16 para el Control y Regulación de Armas,
Municiones y Materiales Relacionados, así como la Ley Núm. 50-88 sobre Drogas y
Sustancias Controladas que tipifican los ilícitos de tráfico de drogas.
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