Este jueves en Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal audiencias coerción contra pastor y hombre por abusos a 14 niños en Fundación de Bajos de Haina
SAN CRISTÓBAL, República Dominicana (2 de Septiembre 2026).- Este jueves la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal fijó la audiencia para conocer las medidas de coerción para dos hombres imputados por delitos de maltrato físico y psicológico, así como de trabajo o servicio forzado, en perjuicio de varios niños en un local donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio Bajos de Haina.
El Ministerio Público solicitó la imposición de
prisión preventiva, como medida de coerción para Ángel Gabriel Capellán (el
Pastor o Capellán) e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez fueron sometidos a la
justicia.
La medida fue presentada por Yoanna Bejarán, titular
de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata
de Personas (PETT), así como por las fiscales Ramona Santana, titular de San
Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención
a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS).
La instancia detalla que, en el marco de una operación
ejecutada la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público,
conjuntamente con otros órganos, realizó allanamientos simultáneos en los
sectores La Pared y El Carril, del municipio de los Bajos de Haina, provincia
San Cristóbal.
En el operativo se rescataron 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro (4) meses y los trece (13) años.
Las víctimas presentaban signos evidentes de maltrato
físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido operaba bajo la
fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una
finca.
Las Fiscalía de San Cristóbal, conjuntamente con la
PETT, realizó los allanamientos, auxiliadas por el Departamento de
Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad
Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
y Delitos Conexos (UITIMC), con la Dirección de Protección de la Niñez y
Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani),
como áreas de protección.
El operativo se desencadenó a partir de la fuga de uno
de los menores retenidos en el lugar que se presentó a un destacamento
policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones de maltrato a las
que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes alojados allí.
A raíz de la alerta, y luego del inicio de las
investigaciones, fueron solicitadas las órdenes judiciales de arrestos
ejecutadas contra los imputados Gabriel Capellán y Muñoz Rodríguez.
A la víctima que hizo la denuncia le fue realizada una
evaluación por una médico legista, quien concluyó que presentaba múltiples
lesiones en toda la extensión de la piel (rostro, miembros superiores e
inferiores, dorso y espalda), así como quemaduras de segundo grado en el dorso
de ambas manos, en vías de cicatrización.
Además, le fue realizada una evaluación por una
psicóloga forense, perito habilitado para dicha intervención, estableciéndose
que no asistía a la escuela y que era obligado a realizar labores con madera
destinadas a la construcción de una vivienda. Asimismo, se determinó que era
sometido de manera constante a maltratos físicos y castigos.
Como resultado de las labores de inteligencia
desarrolladas por los equipos investigativos fue identificado el nombrado
Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quien, al enterarse del arresto de Capellán,
trasladó a varios menores de edad desde el inmueble donde funcionaba la
Fundación Restaurando Vida, hasta una vivienda ubicada en el sector El Carril,
Los Solares.
Muñoz Rodríguez se desplazó en un vehículo marca
Toyota Corolla CE, placa A272601, año 1994, color beige, y permaneció en las
inmediaciones de dicha propiedad.
En el registro de las viviendas con autorización
judicial se identificaron pertenencias vinculadas a menores de edad de ambos
sexos y diversas edades, atuendos de vestir, cuadernos, uniformes, mochilas,
juguetes, reconocimientos y recuerdos escolares, además de actas de nacimiento
y documentos personales de individuos ajenos al lugar, así como armas blancas.
El Ministerio Público indica en la solicitud de medida
de coerción que la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) carece de
la autorización de la autoridad competente para operar como hogar de acogida de
niños, niñas y adolescentes, por lo que su funcionamiento, la recepción de
fondos y donativos, y cualquier otro método de captación de recursos, se
desarrollaban al margen de toda regulación legal.






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