Justiniano Montero, Fran Soto, Anselmo Bello, Arias Arzeno y Rafael Vásquez confirmados en la Suprema por el Consejo Nacional de la Magistratura
SANTO DOMINGO, República Dominicana (8 Septiembre 2026).- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó en la noche de este martes el proceso de evaluación de desempeño de los jueces y la jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Luego de las deliberaciones correspondientes, el
Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo con las funciones que le
confieren los artículos 179 de la Constitución de la República y 3 de la Ley
núm. 138-11, y tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento
núm. 2-25, el cual establece los criterios para la evaluación del desempeño de
los jueces de la Suprema Corte de Justicia, decidió confirmar para un período
de siete años a los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto
Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael
Vásquez Goico.
Con esta decisión del Consejo Nacional de la
Magistratura se agregan dos vacantes adicionales a las ya existentes, con lo
cual el número total de vacantes a cubrir en la Suprema Corte de Justicia
asciende a seis. El proceso de recepción de propuestas e inscripciones de
candidaturas para ocupar dichas posiciones continúa abierto.
Se invita a las personas interesadas a presentar
propuestas de candidaturas y postulaciones en la Secretaría del CNM, ubicada en
el edificio de la Suprema Corte de Justicia, dentro de los plazos establecidos,
es decir hasta el día 10 de septiembre en curso para presentación de
candidaturas y hasta el 15, también de este mes, para la inscripción de
postulaciones.
Perfiles
de los magistrados confirmados
Justiniano Montero Montero
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), con estudios de posgrado que incluyen una maestría en Sociedad
Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco y una maestría
en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La
Mancha. Es juez de la Suprema Corte de Justicia desde abril de 2019 y
actualmente preside la Primera Sala (Civil y Comercial).
En el plano institucional e internacional, es
representante del país ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ)
y redactor de dictámenes de dicho órgano. También es miembro del Comité de
Comportamiento Ético del Poder Judicial y ha estado a cargo de comisiones
importantes como el Comité de Implementación de la Ley núm. 339-22, que regula
el uso de medios digitales en el Poder Judicial.
Fran
Euclides Soto Sánchez
Doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD). Integra la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia, especializada en materia penal, luego de haberse desempeñado como
fiscal de carrera desde el año 2009.
En el ámbito de la gestión institucional, desde 2022
preside la Comisión Ejecutiva de Tecnología del Poder Judicial y se desempeña
como juez líder del Programa de Optimización del Proceso Penal, iniciativa
orientada al fortalecimiento de la gestión y eficiencia de esa jurisdicción.
Se destaca, además, como impulsor de la modificación
del Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena, aprobado en 2025.
Samuel
Amaury Arias Arzeno
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con un máster internacional en Resolución de
Conflictos por la Universidad Oberta de Catalunya. Juez de la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia desde 2019, cuenta con más de dos décadas como
docente universitario y fue director de la Escuela de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
En materia de acceso a la justicia y resolución
alternativa de conflictos, se destaca por haber propuesto el Reglamento General
sobre Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos y la Guía para la
Derivación de Casos Judiciales.
En el ámbito institucional, presidió la Comisión
Ejecutiva de Gestión Documental y la Comisión Interna del Poder Judicial para
Datos Abiertos, y ha participado en iniciativas relacionadas con los Mecanismos
Alternativos de Resolución de Conflictos y los Tribunales de Tratamiento de
Drogas (MARC-TTD).
Recientemente sustentó, con la máxima distinción (cum
laude), su tesis doctoral sobre acceso a la justicia civil de personas en
condiciones de pobreza, en el marco del doctorado conjunto de la Universidad
Externado de Colombia y la PUCMM.
Anselmo
Alejandro Bello Ferreras
Doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD), cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la
carrera judicial, iniciada en julio de 2000 como juez de paz.
Al momento de su designación en la Suprema Corte de
Justicia, en abril de 2019, se desempeñaba como juez presidente de la Primera
Sala del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central.
Es docente, doctrinario y articulista, con amplia
experiencia en materia civil e inmobiliaria, y cuenta con maestrías en
Relaciones Internacionales y un postgrado en Metodología de la Investigación
Avanzada, ambos de la Universidad Católica Santo Domingo.
Como juez de la Suprema Corte de Justicia, en 2020
integró la Comisión para el Censo del Poder Judicial y participó en el proyecto
de Manejo de Redes Sociales de Jueces. También lideró la comisión que trabajó
la actualización del marco normativo de la jurisdicción inmobiliaria.
Rafael
Vásquez Goico
Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad
Eugenio María de Hostos, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) y autor de varias obras jurídicas. Juez de la Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia (Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso
Administrativo), entre sus responsabilidades ha estado la de coordinar el Plan
de Descongestión de la jurisdicción contencioso-administrativa y tributaria.
Fue presidente de la comisión encargada de la
modificación del Reglamento Disciplinario de los Jueces y participó en la
elaboración de los reglamentos sobre la suspensión de ejecución de sentencias
recurridas en casación y los recursos de apelación disciplinarios contra
abogados y notarios públicos, así como en propuestas de modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y de la ley de casación.



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