LA OEA pide actuar contra Nicaragua tras cierre de su embajada en la República Dominicana
Los dos acontecimientos tienen como punto de conexión
la situación democrática y electoral de Nicaragua. Las tensiones entre Santo
Domingo y Managua se agudizaron después de que República Dominicana cuestionara
las declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre las elecciones y
defendiera el derecho de los nicaragüenses a escoger libremente a sus
autoridades.
La OEA eleva la presión regional después de que la
Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el sandinismo, prohibiera la
participación electoral de personas calificadas como «traidores a la patria»,
una decisión que en la práctica impediría competir a sectores de la oposición.
«Lo que está sucediendo en Nicaragua es absolutamente
inaceptable», declaró Ramdin en la sede de la organización, que prepara una
reunión extraordinaria de cancilleres.
La posición de la OEA se produce cuando las relaciones
entre República Dominicana y Nicaragua atraviesan uno de sus momentos de mayor
tensión en décadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano
confirmó esta semana que tomó nota de la decisión del Gobierno de Ortega de
cerrar su embajada en Santo Domingo. La sede que ocupaba la representación en
el Ensanche Julieta ya está disponible para alquiler.
Santo Domingo, sin embargo, mantiene abierta su
embajada en Managua, aunque bajo la conducción de un encargado de negocios
interino. La embajadora dominicana, Acsamary Guzmán Nina, fue llamada a consultas
el pasado 23 de julio.
El deterioro bilateral se aceleró luego de que
República Dominicana rechazara posiciones de Ortega. El presidente Luis
Abinader sostuvo que ningún gobierno puede privar a su población del derecho de
escoger a sus gobernantes. Managua respondió con críticas contra las autoridades
dominicanas.
Siete semanas después del llamado a consultas,
Nicaragua cerró su representación en Santo Domingo, aunque hasta ahora no se ha
producido una ruptura formal de relaciones.
En ese escenario, la OEA convocó una «reunión de consulta
de ministros de Relaciones Exteriores», un mecanismo poco habitual que refleja
la gravedad que atribuye a la situación nicaragüense.
Ramdin explicó que el encuentro podría celebrarse después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para finales de septiembre, y abogó por «acordar colectivamente un conjunto de medidas para ejercer más presión sobre el Gobierno de Nicaragua».
«No sé aún en qué forma, ni quién lo encabezaría: podría ser un grupo de Estados miembros», planteó.
La OEA no tiene capacidad directa para imponer
sanciones económicas, por lo que cualquier medida tendría que ser aplicada
individualmente por sus Estados miembros. Nicaragua, además, abandonó
formalmente la organización en noviembre de 2023.
Washington ha incrementado este año la presión sobre
el Gobierno de Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, mediante
sanciones contra funcionarios y entidades.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio,
exhortó a la comunidad internacional a «poner fin de inmediato a las
operaciones habituales con esta brutal dictadura».
Ortega respondió: «A los que nos amenazan
constantemente, aquí está un pueblo y un ejército que ni se vende ni se rinde
jamás».
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