Solo las mipymes industriales participarán procedimientos contratación programas sociales, alivio pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social
La medida, dispuesta por el presidente Luis Abinader,
se enmarca en las directrices de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y
su Reglamento de Aplicación (Decreto núm. 52-26), con el objetivo fundamental
de fortalecer el desarrollo económico nacional, fomentar la producción local y
dinamizar la generación de empleos.
Con esta acción, la administración de Abinader también
reafirma su compromiso con el tejido productivo nacional, promoviendo la
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia en la
gestión de los recursos del Estado.
Ejes
clave de la normativa
Exclusividad para la industria nacional: Las compras
públicas vinculadas a programas especiales de asistencia deberán destinarse a
adquirir bienes y servicios de origen y manufactura dominicana, garantizando
que no exista intermediación no autorizada.
Instituciones abarcadas: La disposición aplica a
entidades clave como el Ministerio de Educación (Minerd), el INABIE, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el
Gabinete de Políticas Sociales Supérate, Promese/CAL, el Ministerio de Defensa
y el de la Vivienda, entre otras dependencias del Estado enfocadas en la protección
social y sectorial.
Requisitos y acreditación: Para participar, las
empresas deberán contar con su respectivo Registro Industrial emitido por
Proindustria, la Certificación Mipymes (o Mipymes Mujer) otorgada por el MICM,
y estar debidamente inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Articulación y gobernanza: Se crea la Mesa de
Articulación Interinstitucional entre el Ministerio de Industria, Comercio y
Mipymes (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP),
encargada de dar seguimiento, coordinar la oferta productiva y asegurar el
cumplimiento de la normativa.
Modernización
y plazos de implementación
El referido decreto establece un plazo no mayor de
cuatro meses para que el MICM ejecute un levantamiento exhaustivo de los bienes
y servicios ofertados por el sector industrial local.
Asimismo, instruye a Proindustria a modernizar y
digitalizar el Registro Industrial para garantizar la trazabilidad de la oferta
nacional y su interoperabilidad con el sistema de compras públicas.
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