EE.UU admite en República Dominicana un aumento en los procesamientos y condenas por trata de personas, pero advirtió que las investigaciones bajaron de 229 a 94
El cambio de
categoría responde a la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito y
Trata de Personas, que eliminó el requisito de demostrar fuerza, coacción o
fraude en casos de menores de edad, alineando la legislación con los estándares
internacionales en materia de explotación sexual.
En el plano
institucional, el Estado aprobó y financió el Plan Nacional de Acción contra la
Trata de Personas 2025-2028 y adoptó la Resolución N.º 13-2024 para la emisión
de tarjetas de identificación a personas apátridas.
El Departamento de Estado señaló entre los principales
avances la aprobación de legislación que aumentó las penas por trata de
personas, la creación de una unidad especial de investigación, un incremento en
los procesamientos judiciales y un mayor número de condenas. Sin embargo,
identificó como una de las principales deficiencias la respuesta frente al
trabajo forzoso, particularmente en sectores donde existen riesgos conocidos de
explotación.
Según el informe, las autoridades dominicanas
investigaron 94 casos de trata durante 2025, frente a 229 en 2024, una
reducción de aproximadamente 59 %. De los casos investigados el pasado año, 85
correspondieron a explotación sexual, ocho a trabajo forzoso y uno a una
modalidad no especificada.
En contraste con la caída
de las investigaciones, aumentaron los procesos y las condenas. El Gobierno
reportó el procesamiento de 73 presuntos traficantes, frente a 50 durante 2024,
mientras los tribunales condenaron a 30 personas, casi tres veces las 11
condenadas durante el año anterior. De las 30 condenas, 29 estuvieron
vinculadas con trata sexual y solo una con trabajo forzoso.
El Departamento de Estado
indicó que las autoridades siguieron concentrando sus esfuerzos principalmente
en la trata sexual en áreas urbanas y que no realizaron esfuerzos significativos
para investigar la trata laboral en zonas rurales.
Una
sola víctima de trabajo forzoso
El contraste también
aparece en la identificación de víctimas.
República Dominicana
identificó 139 víctimas de trata en 2025, ligeramente por encima de las 136
registradas durante el año anterior. Sin embargo, 138 correspondieron a
explotación sexual y apenas una a trabajo forzoso. En 2024 se habían
identificado 13 víctimas de trabajo forzoso.
Entre las víctimas
identificadas había 114 mujeres adultas, cinco niños y 19 niñas sometidos a
explotación sexual, además de una mujer adulta víctima de trabajo forzoso.
Treinta eran dominicanos explotados dentro del país, otro dominicano había sido
explotado en Nigeria y 108 eran extranjeros, incluidos 106 colombianos, un
haitiano y un ciudadano chino.
El informe destacó como
avance que las 139 víctimas fueron remitidas a servicios gubernamentales o de
organizaciones apoyadas por el Estado, frente a solo 37 durante 2024.
Washington advirtió, no
obstante, que continúan existiendo “brechas significativas” para identificar a
víctimas de trabajo forzoso y hombres víctimas de trata. También sostuvo que
algunos servicios no estaban disponibles en áreas rurales o fronterizas y que
el Gobierno no reportó disponer de servicios especializados para hombres
víctimas.
Más
penas y condena a un policía
El informe reconoce como
uno de los principales avances la reforma realizada en julio de 2025 a la Ley
137-03.
La modificación aumentó
las penas generales por trata de personas de entre 15 y 20 años de prisión a
entre 20 y 25 años, mientras que para delitos que involucran a menores de edad
o personas con discapacidad las penas aumentaron a entre 25 y 30 años.
La reforma también
eliminó la prescripción de los delitos de trata e incorporó la figura de
responsabilidad por omisión para funcionarios que tengan la obligación de
impedir este tipo de delitos y no actúen.
Durante 2025, además, un
agente de la Policía Nacional fue condenado a 20 años de prisión por trata
sexual, mientras permanecía bajo investigación un número no especificado de
funcionarios por posible complicidad en delitos relacionados con la trata.
El Gobierno destinó 39.4
millones de pesos dominicanos —unos $662,000— a la Procuraduría Especializada
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y creó en enero de
2026 una unidad especial de investigación para aumentar la cantidad de fiscales
e investigadores especializados.
Prevención disminuyó
ligeramente
El Departamento de Estado
concluyó, sin embargo, que los esfuerzos de prevención disminuyeron ligeramente
durante el periodo evaluado.
República Dominicana
continuó implementando su Plan Nacional de Acción 2025-2028 y destinó 432
millones de pesos dominicanos, unos $7.2 millones, a esa iniciativa.
Pero el informe sostuvo
que los inspectores laborales no identificaban rutinariamente casos de trabajo
forzoso ni los referían para investigaciones criminales. Washington también
señaló que la falta de documentos de identidad entre algunos trabajadores de
los sectores agrícola y de construcción dificulta su acceso al mercado formal y
aumenta su vulnerabilidad a la explotación.
Estados Unidos también
señaló que hubo poco avance en la expansión de un programa piloto destinado
principalmente a trabajadores migrantes del sector azucarero. El programa
contempla contratos laborales numerados, notificación a las autoridades
migratorias, libertad de movimiento, salarios legales y acceso a beneficios
sociales.
Niños,
migrantes y explotación sexual
El perfil incluido en el
informe señala que tanto dominicanos como extranjeros son víctimas de trata
dentro de República Dominicana y que ciudadanos dominicanos también son
explotados fuera del país.
Entre las poblaciones
identificadas como especialmente vulnerables figuran niños sin hogar, menores
haitianos, migrantes, personas de edad avanzada y personas con discapacidad.
El Departamento de Estado señala, además, que República Dominicana continúa siendo destino de personas que viajan desde el extranjero para cometer explotación sexual comercial de menores, principalmente procedentes de Norteamérica y Europa.
Según el documento,
adolescentes son explotadas sexualmente en calles, parques y playas, mientras
que las redes utilizan redes sociales, falsas ofertas de empleo y supuestas
relaciones románticas para captar víctimas. También se han documentado casos de
menores obligados a realizar trabajo doméstico, mendicidad, labores agrícolas,
construcción, robos y transporte de drogas.
La evaluación identifica,
además, riesgos de explotación laboral en sectores como azúcar, café,
construcción y servicios.
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