Tres dominicanos acusados por viaje marítimo que dejó tres muertos cerca de isla de Mona cerca de Puerto Rico
La acusación fue presentada el 7 de octubre en el
Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por hechos ocurridos el pasado
28 de septiembre.
Las autoridades identificaron a los imputados como
Máximo Alexander Castillo-Cabrera, Víctor Alfonso Montilla-Espíritu Santo y
Danny De La Rosa-Mercedes.
La investigación está a cargo de Investigaciones de
Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en San Juan.
Según los documentos judiciales, Castillo-Cabrera y
Montilla-Espíritu Santo presuntamente conspiraron entre sí y con otras personas
para introducir ilegalmente a extranjeros en Estados Unidos con el propósito de
obtener beneficios económicos.
Las autoridades alegan que ambos actuaron con
conocimiento, o haciendo caso omiso de manera temeraria, de que las personas
que intentaban transportar no contaban con autorización oficial para ingresar y
residir en Estados Unidos.
De La Rosa-Mercedes, por su parte, enfrenta un cargo
relacionado con actos de violencia a bordo de la embarcación.
Según la acusación, presuntamente agredió e intentó
agredir con un machete a más de una persona mientras se encontraba en la
embarcación. Las autoridades sostienen que esos actos pusieron en riesgo la
navegación y provocaron una muerte.
Los tres imputados enfrentan además un cargo cada uno
por entrada ilegal de un extranjero a Estados Unidos.
Durante la operación de búsqueda y rescate, las
autoridades lograron rescatar a 49 ciudadanos extranjeros y recuperaron los
cuerpos de tres hombres dominicanos. Otras 12 personas permanecen
desaparecidas.
En los trabajos participaron la Guardia Costera de
Estados Unidos, Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza, unidades de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA)
de la Policía de Puerto Rico y un navegante particular que acudió en auxilio.
Fiscalía
federal advierte sobre riesgos de estas travesías
"Los acusados intentaron introducir ilegalmente a
64 migrantes en Puerto Rico, lo que provocó la trágica muerte de tres personas,
mientras otras 12 continúan desaparecidas. Este caso demuestra el grave peligro
asociado con las operaciones de tráfico ilícito de migrantes", expresó
Héctor Ramírez-Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico.
"Los traficantes de personas amenazan nuestra
seguridad nacional y explotan a personas vulnerables para obtener ganancias,
sin consideración alguna por su seguridad. La Fiscalía federal continuará
trabajando con nuestros colaboradores federales, estatales y locales para
llevar ante la justicia a quienes introducen ilegalmente a extranjeros y
desmantelar sus organizaciones criminales", añadió.
Yariel Ramos, agente especial a cargo de HSI en San
Juan, también hizo un llamado a evitar este tipo de travesías.
"Tres muertes son un precio demasiado alto por
una travesía ilegal para ingresar a Estados Unidos", afirmó.
"No emprendan este viaje por mar. Estas
operaciones de tráfico ilícito son peligrosas, imprudentes y explotadoras, y
podrían convertirse en su último viaje a cualquier lugar. HSI y nuestros
colaboradores encargados de hacer cumplir la ley continuarán identificando y
responsabilizando a las personas que ponen vidas humanas en peligro para
obtener ganancias", sostuvo.
Rescataron
a 49 personas
El capitán Robert E. Stiles, subdirector del Sector
San Juan de la Guardia Costera, destacó la coordinación entre las autoridades y
la intervención de ciudadanos particulares durante la emergencia.
"Gracias al valiente esfuerzo de ciudadanos que
acudieron en auxilio y a la respuesta rápida y coordinada entre la Guardia
Costera de Estados Unidos, nuestros colaboradores federales y locales en Puerto
Rico y la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, se rescataron del
mar 49 vidas humanas después de un naufragio catastrófico", expresó.
"Sin embargo, la trágica recuperación de tres
personas fallecidas y la situación de quienes todavía permanecen desaparecidos
constituyen una sombría denuncia de la migración marítima ilegal. Este caso es
un ejemplo de nuestro compromiso conjunto para interceptar estas travesías,
desmantelar las redes criminales transnacionales que las organizan y llevar
ante la justicia a los traficantes de personas responsables", agregó.
Josh Packer, agente especial a cargo del Servicio de
Investigaciones de la Guardia Costera (CGIS), indicó que el caso es investigado
en coordinación con HSI y otras agencias que integran el Grupo de Trabajo de
Seguridad Nacional (HSTF) en San Juan.
"Esta acusación refleja la estrecha coordinación
entre CGIS, HSI y nuestros colaboradores encargados de hacer cumplir la ley del
HSTF en San Juan para exigir responsabilidades por la presunta conducta
criminal detrás de esta devastadora tragedia", afirmó.
"Los traficantes de personas explotan a
individuos vulnerables para obtener ganancias y ponen vidas en riesgo extremo
en uno de los entornos marítimos más peligrosos de la región. Aprovechando el
conocimiento operativo, la experiencia marítima y las capacidades
investigativas particulares de la Guardia Costera, CGIS trabaja con sus
colaboradores para convertir las respuestas operativas en acciones de
responsabilidad penal, procesamiento judicial y disuasión", explicó.
Por su parte, Christopher Hunter, director de la
División Aérea y Marítima del Caribe, sostuvo que estas operaciones exponen a
los migrantes a condiciones peligrosas.
"Los traficantes de personas que obtienen
ganancias colocando a personas a bordo de embarcaciones peligrosamente sobrecargadas
y que no están en condiciones de navegar demuestran un desprecio temerario por
la vida humana", indicó.
"Las Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP
mantienen su compromiso de trabajar junto a nuestros colaboradores federales,
estatales y locales para responder a emergencias marítimas, proteger vidas en
el mar e interrumpir las redes criminales que explotan a personas vulnerables
mediante estas peligrosas travesías", agregó.
Podrían
enfrentar cadena perpetua o pena de muerte
De resultar convictos, las posibles penas dependerán
de los delitos por los que cada acusado sea declarado culpable.
El cargo de conspiración para introducir ilegalmente a
extranjeros con fines de lucro conlleva una pena mínima obligatoria de tres
años y una máxima de 10 años de prisión.
El delito de introducción ilegal de determinados
extranjeros con resultado de muerte puede conllevar hasta cadena perpetua o
pena de muerte. La misma pena máxima aplica al cargo de violencia contra la
navegación marítima con resultado de muerte.
Mientras, el cargo por entrada ilegal de extranjeros
puede conllevar hasta seis meses de prisión por cada violación.
Cualquier sentencia sería determinada por un juez
federal luego de considerar las Guías Federales de Sentencias y otros factores
establecidos por ley.
El fiscal federal auxiliar Steven Liong Rodríguez está
a cargo del procesamiento del caso.
Investigación
continúa
La investigación permanece en curso como parte de la
iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.
El HSTF reúne agencias federales, estatales y locales
para investigar y procesar delitos vinculados a organizaciones criminales
transnacionales, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, entre otros.
Entre las agencias federales que integran el grupo en
San Juan se encuentran el FBI, HSI, CBP, el Servicio de Alguaciles Federales,
la DEA, ATF, el IRS, la Guardia Costera, el Servicio de Inspección Postal, el
Departamento de Estado, el Servicio Secreto, TSA y la FAA.
También participan el Negociado de la Policía de
Puerto Rico, varias policías municipales, la Guardia Nacional, el Departamento
de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Hacienda, la Autoridad de
los Puertos y la Policía de las Islas Vírgenes.
Una acusación formal constituye únicamente una
alegación. Los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su
culpabilidad más allá de duda razonable ante un tribunal.
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