FRÁNCFORT (30 Diciembre 2018).- El euro está a punto de festejar su vigésimo cumpleaños, pero los países que lo
usan aún debaten cómo debería funcionar la moneda común y cómo corregir las
fallas que salieron a la luz tras la crisis deudora que opacó su segunda
década.
Fue lanzado
el 1 de enero de 1999, cuando 11 países fijaron sus tipos de cambio a él y le
cedieron las decisiones sobre las tasas de interés al recién fundado Banco
Central Europeo. Los billetes y monedas del euro entraron en circulación tres
años después.
La moneda
común fue vista como una solución a las constantes disputas en torno a los
tipos de cambio que habían marcado la política en Europa tras la Segunda Guerra
Mundial, y como una extensión lógica a la zona libre de aranceles de la Unión
Europea.
Gran
Bretaña, en particular, decidió no usarla, pero 19 de los 28 países de la UE sí
la utilizan.
Se le da
crédito al euro de haber ayudado a que se incrementara el comercio entre los
miembros del bloque. Pero los países han pasado apuros para ajustarse en caso
de problemas tras haber renunciado a dos importantes válvulas de escape: su
capacidad de permitir que su tipo de cambio descienda para impulsar las
exportaciones, y el ajuste de sus propias tasas de interés para estimular la
actividad empresarial.
Una solución
parcial podría ser un presupuesto central para seguir pagando las facturas
cuando los países miembros enfrenten recesiones. Los líderes europeos
exhortaron en 2015 a que exista una especie de fondo común, y finalmente están
trabajando en torno a cómo establecer uno. En la cumbre de este mes se les
encargó a los ministros de hacienda que tengan listos los detalles de éste para
junio. Sin embargo, el presupuesto sigue siendo una versión muy limitada de una
propuesta que hizo el presidente francés Emmanuel Macron en 2017.
Otra
corrección crucial, un seguro para los depósitos en los bancos válido en toda
la UE con el fin de evitar pánicos bancarios durante épocas de crisis ha sido
postergada.
Mientras
tanto acecha la posibilidad de una nueva crisis como la que amenazó con echar
por tierra el euro de 2010 a 2012. El gobierno de Italia se irrita ante las
restricciones al gasto público que conlleva usar la moneda común y desea hacer
más erogaciones para el bienestar social. Por ahora está congelada la disputa
de Roma con la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.
Pero la gran
carga deudora de Italia del 132% del crecimiento económico anual, su falta de
reformas en pro del libre mercado y su lento crecimiento económico, el cual
afecta al de la UE, siguen siendo una amenaza en ciernes que podría estallar
durante la próxima recesión, sea cuando sea que ocurra.
El acuerdo
original sobre el euro dentro del Tratado de Maastricht firmado en 1992
especificaba claramente que las políticas económicas y el gasto público eran
responsabilidades estrictamente nacionales, y se les prohibió a los estados miembros
rescatarse unos a otros. Ese concepto tuvo que ser hecho a un lado en 2010,
cuando los países con mayor solidez financiera, encabezados por Alemania,
hicieron préstamos de rescate a otros más débiles cuyas deudas ya no eran
sostenibles, y como condición ordenaron implementar duras medidas de
austeridad.
Desde
entonces los líderes europeos han añadido nuevos ajustes y protecciones contra
crisis, incluido un escrutinio centralizado desde la UE de las finanzas de los
bancos miembros. También existe un fondo de rescate, el Mecanismo de
Estabilidad Europea.
Y ahora la
Comisión Europea revisa los presupuestos de cada país antes de que sean
presentados a los parlamentos nacionales.
Pero hay
poco acuerdo en ir más allá. Alemania y gobiernos del norte de Europa como el
de Holanda se resisten a compartir los riesgos y el gasto público, temiendo que
acaben pagando por artimañas en economías no muy bien administradas. En
contraparte, Macron ha promovido la existencia de un presupuesto central
sustancial, pero ha enfrentado considerable resistencia.
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