BASE NAVAL DE GUANTANAMO.- El jefe de la Fiscalía en la comisión militar que lleva el caso contra los supuestos responsables de los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos dijo ayer que los casos de torturas sufridas por los acusados no invalidan el proceso judicial.
El general de brigada Mark Martins recordó que en este juicio, efectuado en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, contra el presunto autor intelectual de los atentados del 11-S, Jalid Sheij Mohamed, y otros cuatro cómplices, “busca que respondan ante la ley por sus crímenes”, entre ellos la muerte de 2,976 personas durante los ataques, por los que podrían ser condenados a muerte.
Martins negó que las alegaciones de tortura contaminen el proceso, ya que no se aceptarán testimonios obtenidos bajo técnicas de interrogatorio agresivas o ilegales.
“El sentido común dice que no se pueden retirar todos los cargos y dejar que se marchen libres”, indicó el jefe de la acusación militar en una conferencia de prensa para explicar su postura tras la vista preparatoria, que se llevó a cabo el sábado en Guantánamo.
El fiscal rechazó las quejas de la defensa sobre la presión a la que se enfrentan por las normas sobre secretos que afectan a la seguridad nacional y para tratar con sus representados tras los traumas causados en su reclusión, lo que les llevó ayer a no responder al juez “como resistencia pacífica”, según dijeron los abogados defensores.
Derechos Constitucionales
En opinión de Martins, la defensa tiene los instrumentos necesarios para proteger los derechos constitucionales de sus clientes y se refirió a la comisión militar como un “tribunal de ley”.
“(En las comisiones militares) seguimos las mismas normas que en un tribunal federal. Las líneas que las definen son juicio justo, libertad de prensa y respeto a la seguridad nacional”, indicó el fiscal, quien recordó que es necesario evitar que ciertos documentos sean accesibles y pongan en riesgo a algunas fuentes.
Las comisiones militares creadas durante la presidencia de George W. Bush para juzgar a los presos islamistas de Guantánamo, donde aún quedan 169 reos, fueron suspendidas con la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama, quien esperaba que los casos se trataran en tribunales federales.
Sin embargo, las quejas de la oposición republicana y las presiones de otros grupos llevaron a que estos juicios marciales, que pueden condenar con la pena capital, se mantuvieran con nuevas normas.
Representantes de los familiares de las víctimas de los ataques terroristas en el Centro Mundial de Comercio, en Nueva York; en el Pentágono, sede del Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como parientes de los ocupantes del avión que se estrelló en un área rural del oeste del estado de Pensilvania se encuentran presentes en la base naval de Guantánamo.
Un portavoz de los familiares indicó a la prensa que están esperanzados con los avances en el proceso judicial.
Además, reclamaron que se haga justicia tras casi 11 años de espera y destacaron que la grandeza de Estados Unidos es que estas personas serán condenadas eventualmente mediante un juicio justo.
Denuncias graves
La defensa de los acusados de planificar el gran atentado terrorista denunció que trato inhumano y torturas inhabilitan el proceso y no cree que pueda darse un juicio imparcial, ni dentro de los plazos que espera el juez.
“El jefe de la Fiscalía va por universidades y otros foros diciendo que es un sistema justo. No es imparcial por el juez, que no tiene experiencia ni conocimiento en casos de pena de muerte. Además, lo que pasa entre bambalinas es otra cosa. El mundo debe conocer lo que ocurre en las vistas”, dijo Cheryl Borman, defensa de Walid bin Attash, uno de los acusados.
Reos rebeldes
Borman habló junto a Walter Ruiz, representante militar de Mustafa al Hawsawi, supuesto responsable de la financiación de los atentados, y acompañado de David Nevin, perito en pena de muerte y abogado de Sheij Mohamed.
Bin Attash, exguardaespaldas de Osama Bin Laden, llegó a la sala atado con correas y se quitó la camisa para mostrar cicatrices en su brazo durante la sesión, por razones que Borman dijo desconocer.
“No se puede decir qué trato le dan, ni siquiera qué comió para almuerzo”, indicó Borman, quien recordó que las estrictas normas evitan hablar sobre temas tratados con el acusado por considerarlo alto secreto. Los cinco acusados de los atentados eludieron el sábado responder las preguntas del juez.
Uno por uno, comenzando por Sheij Mohamed, se negaron a contestar a las preguntas del juez militar James Pohl, al que ignoraron de manera desafiante en una vista en la que durante la mañana leyeron el Corán, revistas y rezaron en sala, en ocasiones de pie o realizando inclinaciones.


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