Las promesas incumplidas por los políticos
dominicanos a su pueblo no tienen límites éticos ni morales.
Además de echar a un lado la promesa de servir desinteresadamente
a los mejores intereses del pueblo, permanentemente vemos que a pesar de que
existe una disposición constitucional que prohíbe los aumentos de salarios por
parte de instituciones públicas o entidades autónomas que manejen fondos públicos, no salimos de la
habitual sorpresa cuando vemos en los diarios y noticiarios la información de grotescos aumentos de
salarios por parte de funcionarios del Gobierno Central y de los Ayuntamientos.
Como ejemplo podemos señalar a los ayuntamientos de
Dajabón, Puerto Plata, Santo Domingo Norte y hasta el ayuntamiento de San Cristóbal ha sido parte
de la fiesta del dame lo mío. Por igual nos enteramos de los aumentos de
dietas, viáticos, incentivos, y todo
tipo de privilegios exclusivos de funcionarios que se erigen en amos y dueños
de los fondos públicos que manejan.
El artículo 40 de la constitución de la república
establece lo siguiente:
Ninguna institución pública o entidad autónoma que
maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a
incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino
para un periodo posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia
de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.
Es evidente la vocación de irrespeto a la
constitución de la república, ya por que se ignora su contenido, que es el
menor de los casos, o por codicia
extrema de nuestros servidores públicos o más bien servidores impúdicos.
Si la constitución del país no sirve de freno a las
apetencias ilimitadas de aquellos que cada temporada electoral se ofrecen como
próceres al servicio de la Patria, y luego de conseguir el favor del voto
popular trabajan tan solo para mejorar su situación personal, todo esto al
amparo de la complicidad de aquellos que callan tan solo porque esperan que al
igual a ellos le llegue el momento de tomar su pedazo del pastel, entonces
estaremos condenas a tener por siempre estos tipos de servidores públicos,
perdón, quise decir impúdicos.
Por JOSELITO GUZMAN C.
El autor es abogado y locutor
El autor es abogado y locutor
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