Ex Fiscal de Leonel Fernández lo somete a la justicia por presunta corrupción
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El sometimiento lo hizo el ex fiscal Guillermo
Moreno, quien preside el movimiento político Alianza País.
Y lo hizo por ante el Procurador General de la
República, Francisco Domínguez Brito.
La querella
contra el ex Mandatario también arropa al ex ministro de Obras Públicas, Víctor
Díaz Rúa y al ex director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y actual
senador Félix Bautista.
En la instancia
de denuncia penal Alianza País establece la responsabilidad directa de
Fernández, Dáz Rúa y Bautista, junto a muchos otros que deben ser investigados
en el curso de la investigación.
Según la denuncia el déficit fiscal ascendente a 187
mil millones de pesos fue revelado el pasado 4 de octubre, por el ingeniero
Juan Temístocles Montás, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del
gobierno que preside Danilo Medina.
En la referida instancia se aportan elementos de
prueba de cómo Leonel Fernández, siendo Presidente de la República
presuntamente admitió haber utilizado dinero del Estado para el pago de las
llamadas "nominillas", así como de emplear más de 40 mil millones de
pesos en la pasada campaña electoral.
La instancia hace referencia del abultamiento de la
nómina pública, y de utilizar dinero del Estado para hacer viajes al exterior
del país, para firmar acuerdos privados de la Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE).
Asimismo, en la denuncia penal se pone en evidencia
que el ex-ministro de Obras Públicas, Díaz Rua y el director OISOE, Félix Bautista
desarrollaron un esquema de sobrevaluación y sobre ejecución en la construcción
de obras del Estado, que de enero a agosto había prácticamente agotado el
presupuesto asignado para todo el año 2012, para ambas dependencias públicas.
Conforme se expone ampliamente en la denuncia penal,
las actuaciones descritas violaron la Constitución de la República, en sus
artículos 146 y 233 y siguientes; la ley de Presupuesto No. 423-06; la ley de
Crédito Público No.6-06; la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Bienes
y Servicios, Obras y Concesiones; y la Ley 41-08 de la Función Pública. Además,
sus actuaciones constituyen ilícitos tipificados en el código penal dominicano
como desfalco, abuso de confianza.
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