El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) informó
la semana pasada que en el año fiscal 2012 deportó a 409 mil 849 personas, de
las cuales poco más de la mitad, el 55 por ciento, han sido condenadas por
delitos graves o menores. Entre ellos figuran cerca de dos mil dominicanos.
La cifra es mayor a la de los 396 mil 906 deportados
el año pasado, según el ICE que informó que los deportados incluyen a mil 215
condenados por homicidio, cinco mil 557 por transgresiones sexuales, 40 mil 448
por delitos sobre drogas y 36 mil 166 por manejar bajo la influencia del
alcohol.
Indicó que el 96 por ciento cayó dentro de la
prioridad de las deportaciones de personas con antecedentes penales, que es una
cifra récord, que se suma a los que ingresan recientemente por la frontera.
El ICE informó que no renovará contratos del
criticado programa 287g de colaboración con dependencias policiales locales y
estatales y que más bien ha optado por el programa Comunidades Seguras para la
deportación de indocumentados en las cárceles.
Indicó que ha emitido una nueva guía que restringe
las detenciones de personas involucradas en delitos menores como violaciones de
tráfico, para enfocarse en los criminales convictos y reincidentes, entre
otros.
La legisladora de California, Lucille Roybal-Allard,
calificó en un comunicado los cambios como "un paso importante en la
dirección correcta".
Señaló, sin embargo, que la gran mayoría de los
detenidos mediante Comunidades Seguras nunca han sido condenados de un delito y
que al menos tres mil 600 estadounidenses fueron injustamente detenidos por el
"fallido" programa.
Agregó que esa situación se suma a la deportación de
más de 200 mil padres de familia en los pasados dos años, mediante Comunidades
Seguras, según un informe reciente del sitio Colorlines.
Sobre las casi 410 mil deportaciones, manifestó que
es una muestra de la equivocada creencia que las "deportaciones
masivas" son la única manera de resolver los desafíos de
inmigración".
Indicó que el 45 por ciento de los deportados nunca
cometieron un crimen y que las cifras recuerdan la urgencia de una reforma
migratoria integral.
El director del Foro Nacional de Inmigración, Ali
Noorani, dijo que en lugar de gastar los limitados recursos en las
deportaciones, es necesario que el Congreso tome acción para impulsar una ley
que reforma el disfuncional sistema de inmigración.
Con respecto a la cancelación de acuerdos bajo el
programa 287g, afirmó que la inmigración es un tema federal, no es un asunto
local, porque la policía debe patrullar las calles "para prevenir el
crimen y no para aplicar las leyes de inmigración".

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