Hace un par de semanas en este espacio adelanté dos
vaticinios sobre México y Estados Unidos. Uno se confirmó, ya que Obama enviará
muy pronto una reforma migratoria integral al Congreso, según una filtración a
The New York Times el domingo. Tal vez anuncie algunos ingredientes de dicha
reforma en su informe presidencial: legalización y camino a la ciudadanía, con
multas y condiciones, para los 12 millones de indocumentados (la mitad de los
cuales son mexicanos); la expedición acelerada de visas permanentes de todo
tipo y facilitación de trámites de reunificación familiar; y un nuevo programa
de trabajadores temporales: la ”enchilada completa’’. Obama parece contar con
los votos en el Senado para su reforma; nada asegura que suceda lo mismo en la
Cámara de Representantes.
La segunda predicción se refería a la postura del
gobierno de Enrique Peña Nieto. Deseé que sus insinuaciones en Washington de
noviembre se tradujeran en una política definitiva, pero dudaba que fuera así;
más bien pensé que adoptaría una postura conservadora de ”no intervención’’.
Temo que tuve razón.
Según versiones de prensa (no siempre muy
confiables) Eduardo Medina Mora, el nuevo embajador de México en Estados
Unidos, al ser ratificado por la Comisión Permanente afirmó: “Si bien la
reforma migratoria es un tema de política interna en Estados Unidos, el Gobierno
mexicano hará escuchar la voz de los mexicanos y defenderá sus intereses. No es
un tema de la relación bilateral. Tenemos [...] un interés muy grande [...] por
hacer valer una argumentación que aumente las oportunidades para ellos”. Se
trata de una posición respetable, sobre todo a la luz de una lectura simplista
pero comprensible de aquella que imperó durante el sexenio de Fox y de Calderón
(de cuyos gabinetes fue miembro Medina Mora). Pero, hace abstracción del
contexto radicalmente distinto que impera hoy en Estados Unidos a propósito de
la reforma migratoria; pero se entiende que un gobierno como el de Peña Nieto y
Medina Mora prefiera ser cauteloso y no cabildear activamente la reforma.
El problema reside en una lectura equivocada de la
historia pertinente de Estados Unidos. Durante el siglo XX, Washington firmó
varios acuerdos migratorios con distintos países; van tres casos rápidamente.
El primero es el llamado Acuerdo de Caballeros (Gentlemen’s Agreement)
celebrado con Japón, y que rigió de 1907 a 1924, regulando el tamaño y el ritmo
de la migración japonesa a Estados Unidos, así como las condiciones de trabajo
(reprobables por cierto) de lo que se volvería la población Nissei. El segundo,
como lo sabe todo el mundo, fue el llamado “Acuerdo bracero” o Mexican Farm
Labor Program, firmado por los gobiernos de Roosevelt y Ávila Camacho en 1942,
y que duró hasta 1964, cuando fue derogado, y que reguló la migración de
millones de trabajadores mexicanos (también en condiciones lamentables) a
Estados Unidos, para trabajar en la agricultura.
Por
JORGE CATAÑEDA
El autor es ex Canciller de México
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