SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y
Justicia (FINJUS) expresó su preocupación sobre el acuerdo al que llegó el
Estado dominicano con los propietarios de los terrenos en Bahía de Las Águilas.
Manifestó esta decisión pone en manifiesto la
debilidades institucionales que arrastra el país la “debilidad institucionales
que arrastra el país”.
A
continuación el texto íntegro sobre la posición planteada la Finjus.
La discusión nacional que se ha suscitado a
propósito del acuerdo transaccional sobre los títulos de propiedad de los
terrenos de la reforma agraria correspondientes a las parcelas 40 y 215-A de la
zona de Bahía de Las Águilas y el Parque Nacional Jaragua, ponen nuevamente en
evidencia las graves debilidades institucionales que arrastra el país y las
amenazas que se ciernen sobre la seguridad jurídica y algunas áreas del Estado
de Derecho.
Es al mismo tiempo una nueva oportunidad para que la
sociedad haga conciencia de la importancia de profundizar en la reforma del
sistema de justicia y se avance sin tardanza en la adecuación de nuestras leyes
e instituciones para que se correspondan con los principios constitucionales
proclamados en enero de 2010, lo cual se observa de manera dramática en lo
referente a la administración, control y gestión del patrimonio estatal.
El elemento central sobre el que debe girar la
discusión sobre los títulos de los terrenos de las parcelas 40 y 215-A es el
origen ilícito de las operaciones inmobiliarias y las gestiones que desde
diferentes estamentos del Estado se realizaron en los últimos años sobre este
conflicto. La combinación de factores tales como prácticas ilegales, desidia y
desinterés de funcionarios públicos, prevaricación e inercia procesal, han dado
como resultado una litis judicial que se ha prolongado por más de quince años.
Muchos de los aspectos claves de la situación
planteada tienen solución mediante la
aplicación transparente y enérgica del marco normativo vigente. Aunque en los
últimos años ha existido ineficiencia del Estado en la aplicación de dichas
leyes, en los ámbitos judicial, inmobiliario y penal, importantes sectores de
la sociedad dominicana han manifestado su preocupación por el hecho de que los
acuerdos que se anuncian sobre los títulos de los terrenos de las parcelas 40 y
215-A en la Bahía de las Águilas, parecen ser más el producto de las presiones
coyunturales y las ansias particulares, que del interés general, el desarrollo
de la región sur y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
La disposición indiscriminada de los recursos
patrimoniales del Estado no es solo una vulneración económica sino que se ha
convertido en una transgresión de nuestro sistema jurídico, caracterizada por
un conjunto de prácticas ilegales que han involucrado tanto a particulares como
a las mismas instituciones del Estado. Un ejemplo claro de lo anterior lo
constituye el nacimiento de las transferencias inmobiliarias entre el Estado y
los particulares y de estos últimos entre sí, relativas a las parcelas en
cuestión donde se violentaron normas fundamentales de la Constitución de 1994
vigente al momento, como lo es el artículo 15 literal A sobre Bien de Familia,
así como la Ley 339 sobre Bien de Familia en su Artículo 3ro que declara la
prohibición de transferir todas las propiedades cedidas por el Instituto Agrario
Dominicano, salvo excepciones.
Observamos asimismo graves negligencias que rayan
con lo ilícito, cuando las diferentes autoridades del IAD inobservaron la
responsabilidad que le atribuye la Ley 5879,
específicamente en su art. 43, que les obliga a revocar los derechos
concedidos a terceros en el caso que estos no sean utilizados para fines
compatibles con la reforma agraria. Igualmente se transgredió la Ley 145 que
prohíbe donar, vender o negociar las parcelas de la Reforma Agraria y no se
observó el Decreto 152-92, que dispuso la obligación de gravar con la calidad
de Bien de Familia los Certificados de Títulos contentivos de los derechos
transferidos.
Al margen de la discusión sobre el proceso mediante
el cual terrenos propiedad del Estado Dominicano, que sin ninguna vocación
agraria, llegaron al control del IAD, entendemos que lo más importante es
resaltar las irregularidades envueltas en la transferencia y adquisición de
dichos terrenos, cuya titulación a favor de particulares estuvo caracterizada por
la ilegalidad.
En base a todos los elementos anteriores, FINJUS es
de opinión que constituiría un gravísimo precedente que el Poder Ejecutivo de
manera unilateral y al margen de una decisión jurisdiccional definitiva
confiera derechos a propietarios de origen espurio, mermando así la seguridad
jurídica de la República Dominicana. En tal sentido y de manera respetuosa Pero
directa, sugerimos al Presidente de la República que ordene la revisión de las
decisiones tomadas con el fin de que no vulnere eventualmente la Constitución y
las leyes.
Fuente
EL CARIBE
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