Obama podrá actuar contra estadounidenses ligados al terrorismo extranjero

El mandatario de los EEUU estará habilitado para ordenar ataques contra ciudadanos de su país que colaboren con Al-Qaeda.

Un documento filtrado por la cadena NBC y titulado "Lawfulness of a Lethal Operation Directed Against a US Citizen Who is a Senior Operational Leader of al-Qaida or An Associated Force" ('Legalidad de una operación letal directa contra un ciudadano estadounidense que sea jefe operacional de Al-Qaeda o de una fuerza asociada) dejó al descubierto la estrategia legal que diseñó el Departamento de Justicia para justificar los asesinatos de americanos en el exterior.

El memorando, de 16 hojas de extensión, se hizo público esta semana pero data de mediados de 2011. La creación del artilugio legal no fue casual. Ocurrió pocos meses antes de que Barack Obama ordenara el ataque con un drone, en Yemen, al clérigo musulmán Anwar Al Awlaki, de la red terrorista Al-Qaeda.

El extremista, nacido en los Estados Unidos, fue asesinado en la operación junto con tres personas que también habían nacido en el país. Entre ellos, un joven de 16 años.

En resumen, la oficina legal de la Casa Blanca logró reformular la disposición que autoriza al presidente a decidir ese tipo de ataques –siempre empleando drones- y permitir que el asesinato de un conciudadano no sea inconstitucional.

El texto señala que Obama puede ordenar el ataque cuando “un alto dirigente de Al-Qaeda” o una fuerza asociada “representa una amenaza inminente contra los Estados Unidos” y su “captura es inviable”. Según explica The Guardian, no es necesario que existan todas estas circunstancias pues no se trata de requisitos mínimos. Con que uno de estos factores se dé, el mandatario puede ordenar la ofensiva.

Respecto a la determinación de si un ciudadano estadounidense es o no terrorista, la justificación legal califica como suficiente para ordenar el asesinato la sospecha que tenga el propio mandatario o un alto funcionario de la Casa Blanca.

La clave en la “resignificación” de la estrategia antiterrorista de George Bush, creada luego de los atentados del 11-S, está en lo que se entiende por “ataque inminente”. Según el documento, el Gobierno no debe tener pruebas concretas de éste, ya que Al-Qaeda y sus células planean constantemente nuevos golpes contra el país. “Efectuará tales ataques siempre y cuando le sea posible”, asegura el texto.

Muchas organizaciones de derechos humanos criticaron esta licencia por considerar que todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo. Incluso un grupo de senadores escribió al presidente Obama para exigir la totalidad de las justificaciones legales para lanzar ataques con drones contra ciudadanos estadounidenses.

Esta semana, la administración demócrata había estado en el ojo de la tormenta por otra disposición legal que autoriza a los militares a detener por tiempo indefinido a ciudadanos americanos.

La "sección 1021(b)(2)" del Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, según sus siglas en inglés) indica que el presidente "tiene autoridad para detener a personas que eran parte o apoyaron de manera sustancial a fuerzas de los talibanes o Al-Qaeda o fuerzas asociadas que están involucradas en hostilidades contra Estados Unidos o sus aliados". Incluye a "cualquier persona que ha cometido un acto beligerante o ha directamente apoyado hostilidades, ayudando a esas fuerzas enemigas".

La norma fue llevada a la Justicia por un grupo de intelectuales que logró que se declarara ilegal, en septiembre pasado. Pero el Departamento de Justicia recurrió el fallo y logró que el tribunal de apelaciones suspendiera su aplicación hasta que se pronuncie de manera definitiva.