Inmigrantes sin licencias "piratean" en calles de NY


NUEVA YORK.- Con las manos sobre el volante y ojos atentos, José espera paciente por algún cliente del supermercado C-Town. En las inmediaciones de la intersección de la calle 45 y la Quinta Avenida, en Sunset Park, el taxista estaciona su van gris y con una seña discreta ofrece servicio a los compradores agobiados con paquetes y bolsas.

Aunque trabaja en el área por dos años, luce nervioso. Como conductor de un "taxi pirata", el hombre de 35 años sabe que algún inspector de la Comisión de Taxis y Limosinas (TLC) podría sorprenderlo.

El padre de dos niños explicó que es un taxista independiente sin licencia, a diferencia de otros conductores que se afilian a algunas bases del vecindario.

"Muchos pagan una cuota semanal de US$100 a US$150 a bases que no tienen suficientes vehículos legales", comentó. "No es un secreto y sucede en todos los condados. De esta forma las bases no pierden clientes, ni dinero".

José, un indocumentado, apuntó que su estatus migratorio le impide obtener una licencia de taxi. "No soy un criminal. Si pudiera ganarme la vida de taxista legalmente, lo haría", añadió.

José Mejía, vicepresidente de la Asociación de Taxistas Independientes de Nueva York (ASOTINY), destacó que si bien impera preocupación por la proliferación de taxis piratas, se debe considerar que muchos conductores simplemente no pueden regularizare.

"Si taxistas indocumentados pudieran tener una licencia, posiblemente menos taxis piratas circularían en la ciudad", enfatizó.

Los taxis piratas no son un fenómeno nuevo. Estos salieron a relucir tras un trágico accidente ocurrido en Williamsburg recientemente, que dejó a una pareja de judíos y su hijo recién nacido muertos cuando viajaban en un taxi pirata que fue impactado por otro vehículo.

Alfredo, un taxista ilegal que asegura estar afiliado a una base en Sunset Park –que declinó identificar- comentó que las bases pequeñas cobran una cuota semanal de $50 a $80.

"Al hacer el trato, el dueño me advirtió que en caso de un accidente, negaría que trabajo para él y diría a las autoridades que me robé las llamadas", dijo el conductor de 46 años. "Sólo recogemos pasajeros hispanos, pero no judíos o afroamericanos porque son clientes difíciles que demandan fácilmente".

Allan Fromberg, portavoz de la TLC, apuntó que la agencia está consciente de que bases establecidas legalmente afilian taxis piratas. Destacó que parte de la ofensiva es la inspección frecuente de los registros de las bases, investigación y confirmación de reportes de esta práctica ilegal, y la sanción severa por el envío de autos y conductores sin licencia.

Alfredo, taxista ilegal por cinco años, equipó su auto con un sistema que recibe llamadas de la base, mediante una antena similar a las que usan las patrullas del NYPD.

Alfredo destacó que la ofensiva de la TLC es cada vez más intensa, tanto que la agencia recurre a "clientes falsos" para atraparlos.

"Intentamos burlar a las autoridades pidiendo a los pasajeros que usen el asiento delantero", recalcó. "Muchos caemos con los señuelos. Saben que sólo recogemos latinos y usan oficiales encubiertos con acento mexicano o ecuatoriano para que nos confiemos".

Según el reporte anual de la TLC, el año pasado aumentó en un 13% las operaciones encubiertas, realizándose 2,193. Fromberg, confirmó el uso de investigaciones encubiertas "en un esfuerzo por proteger a los pasajeros de un peligro potencial, al abordar autos sin pólizas adecuadas en caso de accidentes…". Agregó que gremios como la ASOTINY, mantiene presión para proteger a taxistas legítimos.

Cira Ángeles, portavoz de la Asociación de Bases de Taxis, recalcó que los taxis piratas representan una competencia desleal para los legalizados.

"Esta actividad ilegal empaña a la industria y la labor de los taxistas que obedecen la ley", enfatizó.

Dependiendo del número de violaciones, un taxista ilegal puede ser obligado a pagar entre US$500 y US$1,500 en multas antes de conseguir un auto confiscado de regreso, además de pagar US$185 por el remolque y US$25 por día de almacenamiento.


Fuente EL DIARIO LA PRENSA

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