SANTIAGO, Chile.- La decisión de un tribunal chileno
de suspender la construcción un proyecto minero de 8.000 millones de dólares de
la Barrick Gold Corp., en Los Andes, es uno de varios reveses sufridos por la
empresa especializada en la extracción de oro más grande del mundo.
Barrick enfrenta seria resistencia por cuestiones
ambientales en Argentina, donde se encuentra parte de la reserva de
Pascua-Lama, y en la República Dominicana, cuyo gobierno insiste en reformular
el contrato con las regalías de la mina Pueblo Viejo, una inversión de 4.000
millones de dólares.
Los problemas que encara la compañía canadiense
reflejan los crecientes riesgos para la actividad minera en América Latina,
donde las autoridades están reconsiderando temas como las regulaciones y los
impuestos que se fijan a esa industria. Están empeñadas en quedarse con un
porcentaje mayor de las ganancias y proteger al mismo tiempo los recursos
naturales.
En país tras país, las empresas mineras más grandes
se ven obligadas a satisfacer nuevos stándards ambientales, a adaptarse a
nuevas normas sobre divisas e impuestos y a defender contratos a largo plazo
que creían seguros.
Newmont Mining Corp., empresa con sede en Denver,
tiene estancado su proyecto de Minas Conga, de 5.000 millones de dólares, en
Perú por violentas protestas sobre su supuesta contaminación de las aguas. La
compañía brasileña Vale SA invirtió 2.200 millones de dólares en la
construcción de una mina, un ferrocarril y un puerto en Argentina, pero tuvo
que abandonar el proyecto el mes pasado por la creciente inflación y los
férreos controles de las divisas.
"Hay creciente inquietud en torno a los niveles
de vida y cuestiones ambientales. Al mismo tiempo, los gobiernos son
presionados para obtener más ganancias de la minería, mejorar la educación, la
salud y otros servicios", expresó Risa Grais-Targow, analista del Eurasia
Group especializada en América Latina.
"Perú ha experimentado un crecimiento
excepcional, pero muchos creen que no se han beneficiado de ello. La mayor
parte de los conflictos giran en torno al agua, mientras que en Chile hay una
creciente clase media preocupada con el medio ambiente", acotó.
El fallo en contra de Barrick del miércoles en
Copiapó, Chile, hizo que las acciones de la empresa cayesen un 6% y alcanzasen
su nivel más bajo en cuatro años. Las acciones se recuperaron un poco el
jueves, subiendo 27 centavos de dólar, o el 1,1%, hasta cotizarse a 24,73
dólares.
Los ministerios del medio ambiente y de minería
chilenos han apoyado la suspensión de los trabajos en la mina ubicada a unos
5,000 metros de altura. Los detractores del proyecto dicen que la construcción
hizo que cayera mucho polvo en los glaciares vecinos Toro 1, Toro 2 y
Esperanza, acelerando su deshielo, y que además amenaza el río Estrecho, que
abastece de agua a la comunidad indígena Diaguita.
Barrick dijo en un comunicado que "trabaja para
solucionar los requerimientos ambientales y otros regulatorios para
satisfacción de las autoridades chilenas". Pero insistió en que va a
continuar con el proyecto en Lama, del lado argentino, donde la minería está regulada
por los gobiernos provinciales, no por el gobierno central.
La firma asegura que cumple con todas las leyes
argentinas, pero defensores del medio ambientes sostienen que los proyectos de
Pascua-Lama y de Veladero, en la misma región, que produjo 611.000 onzas de oro
el año pasado, violan claramente una ley del 2010 que prohíbe toda actividad
minera en o cerca de glaciares.
Si bien Barrick bloqueó la aplicación de la ley
hasta ahora, la Corte Suprema argentina ordenó un inventario nacional de agua suministrada
por glaciares y por áreas peri-glaciales, como se denomina a regiones rocosas
donde se acumula el agua generada por el deshielo de los glaciares.
"A la luz de esto es fundamental que se hagan
el inventario," declaró Miguel Bonasso, quien impulsó la ley del 2010 y
cuyo libro "El Mal" acusa a Barrick de numerosas violaciones a las
leyes del medio ambiente. "Y si se comprueba que las actividades de
Barrick Gold afectan los glaciares y áreas peri-glaciales, tendrá que irse
Barrick del territorio argentino. Así de claro", sostuvo Bonasso.
Barrick dijo que es "demasiado pronto para
evaluar el impacto, si es que hay alguno, en el capital presupuestado en
general y en el calendario del proyecto" de Pascua-Lama. En la zona hay
17,9 millones de onzas de reservas de oro comprobadas y sería una de las minas
de oro más grandes del mundo, y más económicas, si llega a funcionar.
Ya antes del fallo judicial el proyecto enfrentaba
problemas. Su inicio fue demorado más de seis meses, hasta la segunda mitad del
2014, y los costos habían subido de 3.000 millones a 8.000 millones.
Algunos analistas dicen que dado que más del 70% de
las reservas de Pascua-Lama se encuentran del lado chileno, una prohibición de
explotar la mina en ese territorio en la práctica mataría el proyecto.
El ministro argentino de minas Jorge Mayoral, no
obstante, sostiene que, incluso si no se puede extraer el oro del lado chileno,
el proyecto bien vale el esfuerzo.
"Es cierto que el mayor porcentaje de las
reservas están del lado chileno, pero hablar de un proyecto de esa magnitud y
decir que al menos el 30% de las reservas se encuentran del lago argentino,
estamos hablando de una importantísima cantidad de reservas que por supuesto
garantizaría la puesta en valor de cualquier unidad de trabajo en un futuro
inmediato", expresó Mayoral.
Andy Kaplowitz, analista de Barclays Capital, dijo
en una investigación que "tendremos que esperar y ver cómo se resuelve
esta situación, pero dado que Barrick ya ha invertido 4.200 millones de dólares
en el proyecto... y que se ha completado el 40% de la construcción, creemos que
hay un fuerte incentivo para que la empresa trate de seguir adelante con las
menores demoras posibles".
En la República Dominicana, entre tanto, los altos
precios del oro hacen que el gobierno apueste fuerte a la mina Pueblo Viejo,
que tiene 20 millones de onzas de oro además de plata, cobre y zinc.
Barrick es dueña del 60% del proyecto y Goldcorp
Inc., de Vancouver, el otro 40%. Las empresas reabrieron la mina el año pasado
tras invertir 4.000 millones de dólares, la inversión extranjera más grande en
la historia de la República Dominicana y que, a la larga, generará unos 7.000
millones de dólares al gobierno dominicano.
El país, sin embargo, todavía no ha visto un centavo
y el presidente Danilo Medina y el Congreso quieren reformular el contrato a 25
años, que promete regalías solo después de que las dos firmas canadienses
recuperen su inversión inicial y que las ganancias del proyecto superen el 10%.
Los ejecutivos de Barrick "tienen que
flexibilizar su actitud porque si no, el presidente lo dijo: o negocian o se
les impone más impuestos", dijo José Ramón Peralta, ministro
administrativo de la Presidencia de República Dominicana.
El portavoz de Barrick Jorge Esteva afirmó que las
compañías están dispuestas a dialogar, pero destacó que tomó 27 meses negociar
el actual contrato antes de que fuese aprobado por el congreso y por el
presidente de entonces.
Chile, el principal productor mundial de cobre,
tiene sólidas regulaciones para la minería, actividad que sustenta la mayor
parte de su economía.
Pero incluso aquí hay proyectos mineros y
energéticos que han sido demorados porque sectores defensores del medio
ambiente acuden a los tribunales para pedir mayores protecciones para las
poblaciones vecinas y los recursos naturales.
"Tengo la impresión que esto es parte de las
nuevas condiciones sociales y ambientales de Chile y las empresas tienen que
enfrentarlo. Si no, no habrán más proyectos mineros", declaró Gustavo
Lagos, profesor de minería de la Universidad Católica.
"Hay mucha más oposición al proyecto de
Pascua-Lama que a cualquier otro proyecto minero en Chile. Barrick tendrá que
resolver este embrollo porque la mina es muy importante para la compañía y ya
ha invertido mucho dinero".
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