SANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal
Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, informó que el organismo conoció
este viernes 12 de abril 10 Audiencias de Acción Directa en
Inconstitucionalidad.
Precisó que de los 10 casos dos fueron declarados en
estado de fallo y los 8 restantes el Tribunal Constitucional dio un plazo de 5
días calendario para las partes depositar en la secretaría del organismos los
documentos de justificación de sus conclusiones, según lo establece en su Ley
Orgánica, en los artículos 41 y 43.
Argumentó que una vez el Tribunal estar edificado,
proceder a declarer los casos en estado de fallo y proceder en el plazo de ley
a resolutarlos.
Los trabajos fueron realizados en la Sala Augusta de
la Suprema Corte de Justicia, en la séptima planta del edificio de ese
organismo, ubicado en el Centro de los Héroes, a partir de las 9:00 de la
mañana.
El conocimieno de las audiencias estuvo a cargo de
los 13 miembros del Pleno de la alta corte, auxiliados por la Secretaría del
Tribunal, que encabeza el doctor Julio José Rojas Báez.
El primer caso tuvo como accionante a José E. Ubrí
Díaz, quien atacó la norma emanada el 9 de septiembre del año 2011 de la
Jefatura de la Policía Nacional y en el segundo caso figuró como accionante la
Fundación Primero Justicia y Miguel Alberto Surún Hernández, quienes atacaron
el artículos 9, desde el segundo hasta el décimo acápites del Contrato-Enmienda
denominado “Acuerdo Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros” y sus
resoluciones aprobatorias de fechas 15 de septiembre y dos de noviembre del año
2009, emanada del Senado y la Cámara de Diputados, así como de la Presidencia
de la República.
El representante de la Fundación Primero Justicia
alegó que por no estar el contrato de la Barrick Gold conforme a lo establecido
en la Constitución pedía la nulidad de sus operaciones, mientras que el
representante de la empresa, doctor Eduardo Jorge Prats solicitó declarar la
inadmisibilidad la acción directa de inconstitucionalidad. El TC dio plazo de
cinco días calendario para que las partes depositen los documentos de
justificación o ampliación de sus conclusiones para declararlo en estado de
fallo.
Samir Attía fue el accionante en el tercer caso en
el que la norma atacada fue el literal C, párrafo segundo de la Ley sobre
Procedimiento de Casación número 491-98, emanada del Senado y la Cámara de
Diputados y el cuarto caso tuvo como accionante a Jorge Armando Lockward García
y atacó la sentencia número 77, del 30 de abril de 2008, emanada de la Sala
Civil de la Suprema Corte de Justicia. El TC dio plazo de cinco dìas para
depositar documentación de justificación.
El Tribunal Constitucional también conoció en
audiencia pública y declarò en estado de fallo el expediente en el que Germán
Ignacio Heyer Fernández accionó contra la sentencia número 176, del 11 de julio
de 2012 de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia y el sexto caso tuvo a
la Fundación El País accionando contra la Ley 253-12 para el fortalecimiento de
la Capacidad Recaudatoria del Estado, la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo
Sostenible, norma emana del Senado y la Cámara de Diputados.
El Tribunal Constitucional dio un plazo de cinco
días en el caso en el que César M. Sánchez de los Santos accionó contra el
numeral 4, parte In Fine y numeral 9 de los artículos 170 y 171 de la
Resolución número 942 del año 2004 de fecha 9 de junio sobre Carrera Judicial,
decisión de la Suprema Corte de Justicia.
En el octavo caso los sucesores del finado Feliz
María Echavarría Reynoso y compartes atacaron los decretos números 2039, de
fecho 5 de junio de 1984, el número 199-07 de fecha 3 de abril de 2007 y el
decreto número 391-12 del 29 de Julio, emanados de la Presidencia de la
República. El Instituto Agrario Dominicano fue la representación de la
autoridad de donde emanó la norma.
En ese expediente, al igual que en el noveno el TC
dio plazo de 5 días calendario a la parte accionante para depositar escritos
justificativos de sus conclusiones. Serapio Mercedes Mambrú accionó contra la
Resolución número 3213, de 2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia, la
sentencia número 334 de fecha 23 de septiembre de 2010 y la sentencia número
02188, de fecha 28 de noviembre de 2008, normas emanadas de la Cámara Civil y
Comercial de la Corte de Apelación del Juzgado de Primera Instancia del
Municipio Santo Domingo Norte.
En el último caso del rol de Audiencias de este
viernes 12 de abril, el TC lo declaró en estado de fallo y aseguró que
ponderará los argumentos de las conclusiones de las partes. José R. López y
María Altagracia Guzmán de López accionaron contra la Ley número 985 de 1945
sobre la filiación de hijos naturales y la supuesta violación del articulo 55
de la Constitución, norma emanada del Senado y Cámara de Diputados.
No hay comentarios.: