WASHINGTON.- Argentina, Chile y Venezuela siguen este año en la
"lista negra" de violación de los derechos de propiedad intelectual que
elabora Estados Unidos, que en su informe divulgado hoy otorga a Ucrania la
peor calificación.
El año pasado España salió de la denominada
"Watch List" por "la adopción de las medidas incluidas en la ley
Sinde para combatir la piratería en Internet", según indicó entonces la
Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, encargada de
elaborar el informe anual.
España no ha vuelto este año a la "Lista
301", como es conocida, pese a que la Alianza Internacional de la
Propiedad Intelectual (IIPA) recomendó en febrero pasado su retorno.
Argentina, Chile y Venezuela siguen este año en la
"lista prioritaria de vigilancia", mientras que en un segundo nivel
de vigilancia aparecen otros países latinoamericanos: Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México,
Paraguay y Perú.
Ucrania figura a la cabeza de la lista como
"país extranjero prioritario" por sus "persistentes fallos para
cumplir con los compromisos de mejora de la protección de la propiedad
intelectual", indica la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos.
Además, destaca que las "acciones e
inacciones" de Ucrania están causando "un daño significativo a
industrias que dependen de los derechos de propiedad intelectual" tanto en
ese país como en otros mercados.
Ucrania ya fue designado "país extranjero
prioritario" entre 2001 y 2005, un periodo durante el que estuvo
suspendido de los beneficios comerciales que otorga Estados Unidos dentro del
Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, en inglés).
En cuanto a Argentina, continúa en la lista de
vigilancia prioritaria porque persisten "preocupaciones
significativas" sobre la piratería "incontrolada" y la
falsificación.
Sobre Chile, aunque ha dado "algunos
pasos", EEUU sigue instando a ese país a que implemente "un sistema
eficaz para hacer frente a los problemas de patentes con urgencia" en
relación con las solicitudes para comercializar productos farmacéuticos.
Con respecto a Venezuela, al igual que en el caso de
Argentina el informe alerta sobre la creciente piratería y la falsificación, e
insta al Gobierno de Caracas a poner en marcha un sistema "eficaz" e
protección contra las prácticas de comercio desleal.
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