SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La
Procuraduría General de la República solicitó al Tribunal Constitucional
declarar inconstitucional la resolución del Congreso Nacional mediante la cual
se autoriza a una empresa a instalar y operar equipos de rayos X en los puertos
del país.
En su dictamen, el procurador general adjunto
Ricardo José Taveras Cepeda pide declarar no conforme con la Constitución la
resolución 188-03 del 15 de diciembre de
2003, a través de la cual el Congreso otorgó un contrato de exclusividad a la empresa ICSSI para instalar los equipos.
La solicitud del Ministerio Público pide admitir la
acción directa de inconstitucionalidad que depositó el Consejo Nacional de la
Empresa Privada (Conep), Asociación de Navieros de la República Dominicana,
Asociación Dominicana de Zonas Francas, Cámara Americana de Comercio, entre
otras entidades empresariales, advirtiendo que el contrato causaría “graves
perjuicios” a la rentabilidad de sus actividades.
Fuente HOY
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