SAN JUAN, Puerto Rico.- La decisión del Departamento de Justicia de emitir
acusaciones por el asesinato de Georgina Ortiz, sin siquiera tener el cuadro
completo de las personas que participaron en la muerte, prácticamente garantizó
que el brutal crimen queda impune.
La decisión de acusar, a pesar que el caso aún no
estaba del todo maduro, se debió a las presiones políticas y públicas que
enfrentaba entonces el Departamento de Justicia y su secretario Guillermo
Somoza por el pobre esclarecimiento de asesinatos, principalmente los de alto
interés público. Aunque el esclarecimiento de los crímenes recae principalmente
en la Policía, las investigaciones de los asesinatos son dirigidas por los
fiscales.
Según fuentes de El Nuevo Día, a mediados del 2012 a
la fiscal Elba Acevedo se le ordenadó continuar su investigación bajo la
supervisión directa del entonces jefe de los fiscales, Obdulio Meléndez.
Varios meses después, en septiembre de 2012, la
fiscalía estaba radicando los cargos contra la ciudadana dominicana Aida de los
Santos Pineda, a la que ayer un jurado absolvió de todos los cargos, a pesar
que nada en la evidencia había cambiado en el último año de la pesquisa.
La acusación contra De los Santos fue la última de
una serie de casos de alto perfil que Justicia intentó sacar en los meses de
agosto y septiembre del año pasado cuando se intensificaba el debate político
sobre la seguridad y el sentido de impunidad en el País. Los otros crímenes de
alto perfil que motivaron la radicación de cargos para esos meses eran por los
asesinatos de la bailarina Yexeira Torres, la tasadora Brendalí Sierra Ramos y
el de la ejecutiva Carmen Paredes.
“La prisa es lo que mató el caso”, opinó el abogado
criminalista Pablo Colón.
Varios abogados criminalistas y exfiscales
consultados coincidieron en que la absolución de De los Santos casi descarta la
posibilidad de que al menos se encause exitosamente al resto de las personas
que el ministerio público entiende que participó en el asesinato. La acusación
contra De los Santos fue por asesinato “en concierto y común acuerdo”, lo que
implica la participación de más personas que no han podido ser identificadas
por la fiscalía.
El argumento detrás de la impunidad en el caso es
sencillo: la prueba del ministerio público no pasa el crisol de probar el caso
más allá de duda razonable. Y para colmo, ya cualquier abogado de defensa
conoce las deficiencias en la pesquisa y las puede explotar con facilidad en
otro juicio contra otra persona, señaló Colón.
Lo único que podría cambiar un poco el peso de la
prueba es que se encuentre la persona cuyo material genético fue encontrado en
las uñas de Ortiz, dijo, por su parte, el exfiscal Osvaldo Carlo. Esa
posibilidad, que en todo caso implicaría un poco más de evidencia
circunstancial, sin embargo, permanece un tanto remota, puesto que según el
actual jefe de los fiscales José Capó hasta ahora no tienen identificado ningún
otro sospechoso.
“No hay caso perfecto”
Capó ayer se mostró consciente de estas dificultades
que amenazan con dejar el asesinato de Georgina Ortiz impune. Evitó opinar su
la determinación de acusar a De los Santos fue apresurada, dado las fallas en
la evidencia. Capó sólo resaltó que el caso ya estaba en vista preliminar
cuando asumió el mando de la silla del jefe de los fiscales.
“Yo no puedo responder por el criterio de otra
persona para radicar los cargos. No hay caso perfecto”, dijo Capó.
Ayer, en una rueda de prensa en un hotel de San Juan
el funcionario señaló que se reunirá próximamente con la fiscal del caso para
evaluar lo sucedido en el juicio y determinar qué acción tomar. Del caso solo
se mantienen en pie los esfuerzos por encontrar implicados en el asesinato que
aún no han sido identificados. Obviamente, De los Santos Pineda no puede ser
encausada nuevamente por el asesinato porque esto quebrantaría las
disposiciones que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito.
“Como ya en este proceso desfiló prueba, nos
sentaremos con la fiscal, evaluaremos lo que sucedió durante el proceso
criminal y si hay que reevaluar la determinación original, cuando se sometió el
caso, o si entendemos que podemos sostener otro caso, así lo haremos... La
señora (De los Santos) dio cuatro versiones diferentes y tanto que se habla que
si el (ex) juez Irizarry Yunqué estuvo o no estuvo (en la escena) pero la que
estuvo allí trabajando era ella. Si nos brindase la cooperación fuera otro
cantar”, objetó Capó.
Al hablar de la presencia del exjuez, Capó tocó uno
de los temas más espinosos en el caso que explotó a su favor la defensa de De
los Santos Pineda: no se investigó con rigurosidad si el exjuez participó o, al
menos, presenció los hechos.
“Lo cierto es que en ninguna de las versiones se
menciona al juez matando a la señora (Georgina). La acusación contempla otra
persona como cómplice. La investigación continuará una vez se pueda
identificar... Yo no puedo adelantar criterios porque si pudiera identificar
esa persona habría que analizar lo que pasó en el proceso, con la prueba actual
y se hace la determinación”, dijo Capó.
Sin embargo, para el licenciado Colón, un veterano
criminalista, los problemas del caso comenzaron en el mismo momento en que se
comenzó a investigar. “No habían motivaciones claras para el asesinato, se
ocupó evidencia pasado más de un año de los hechos... Es evidente que el caso
estuvo en manos inexpertas o se escaparon detalles importantísimos”, dijo
Colón.
La inmensa ausencia del otro
Al referirse a la evidencia ocupada tardíamente se
refería al vehículo del exjuez del Supremo, registrado por peritos forenses en
el verano del 2012, dos años después del asesinato.
“Además, ¿cómo es posible que el asesinato fue en
concierto y mutuo acuerdo pero no puedes ni siquiera identificar a la otra
persona que participó? Eso levanta muchas dudas y lo que necesita la defensa es
levantar una duda razonable... El caso lamentablemente va a quedarse impune. Yo
no tengo duda de eso”, añadió Colón.
“En Puerto Rico en términos generales no hay récord
de casos que se sigan investigando después de una absolución. Eso no pasa”,
dijo, por su parte, el exfiscal Carlo.
De hecho, el exfiscal alabó el trabajo hecho por el
equipo de la defensa de De los Santos Pineda, compuesto por los abogados Aarón
Fernández Flores, Lucille Borges Capó, Juan Nevárez García y Jesús Peluyera
Santiago.
De acuerdo con Carlo, la contratación de la patóloga
forense, Yocasta Brugal Mena, fue determinante, porque puso en duda el
fundamento de la teoría de la defensa de que el crimen fue cometido por dos
personas.
El testimonio en sala de Brugal Mena abrió la
posibilidad de que el asesinato fuera cometido por una sola persona que pudo
cortar el cuello de Ortiz mientras permanecía parado detrás de ella.
“Si a eso se une el hecho de que el vehículo (del
exjuez) no se examinó hasta dos años después, que siempre se habló de varias
personas participando en el crimen y nunca se identificaron, y que no había
motivaciones claras para que ella (De los Santos) hiciera lo que se le
imputaba, se puede pensar que la investigación estuvo mal hecha”, dijo Carlo.
La exfiscal Ruz Torres Orengo, por su parte, señaló
que no está de acuerdo con la apreciación de que el ministerio público estaba
llamado a identificar a los coautores de los hechos para darle credibilidad a
la prueba.
“Si el estado tiene la prueba suficiente para acusar
a alguien primero lo puede hacer y después cuando tenga el resto de las
acusaciones listas, emite los otros cargos”, dijo Torres Orengo.
Por
RICARDO CORTÉS CHICO/Endi.com
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