LA HABANA.- El Gobierno cubano promulgó una ley que
permitirá ordenar los mecanismos de depósito y conservación de los bienes confiscados
por delitos de corrupción en la isla, así como su traspaso al Estado, se
informó.
La norma publicada en la web de la
Gaceta Oficial está firmada por el presidente cubano, Raúl Castro, y constituye
un nuevo paso para organizar la lucha contra la corrupción que el gobernante ha
impulsado en su mandato.
En concreto, la ley busca unificar en una sola norma
la "responsabilidad" de las diferentes instituciones estatales con
los bienes ocupados en "procesos confiscatorios administrativos" por
delitos de corrupción, droga o enriquecimiento indebido, entre otros.
Además, tiene el objetivo de "evitar altas
permanencias de los bienes depositados con las consiguientes afectaciones para
la economía nacional".
El decreto regula así "cómo se traspasan a
favor del Estado los bienes depositados" y las reglas para su depósito,
conservación y devolución, en caso de que corresponda.
De ese modo, el Gobierno ha dividido la
responsabilidad de las diferentes entidades "depositarias" según la
categoría de los bienes.
El Banco Central de Cuba, por ejemplo, se hará cargo
del dinero en efectivo, joyas, metales preciosos e instrumentos de créditos; el
Ministerio del Interior de armamentos, explosivos, alarmas y cajas de
seguridad, entre otros; y el Ministerio de la Agricultura de animales,
producciones y maquinarias.
Los otros ministerios con responsabilidad en ese
sentido serán los de Cultura, Energía y Minas, Comunicaciones, Salud Pública,
Industrias y Comercio Interior.
Una ley anterior de mayo pasado establece que el
importe de la comercialización de los bienes decomisados o confiscados durante
procesos penales se abona al presupuesto del Estado.
Según la Contraloría General de Cuba, los delitos de
corrupción más frecuentes en el país son el soborno, el fraude, la evasión
fiscal y el tráfico de influencias.
En los últimos años el Gobierno ha emprendido una
batalla para combatir esos delitos, principalmente en el sector empresarial, y
los tribunales han procesado a varios funcionarios y directivos.
El general Raúl Castro pidió en julio pasado a los
órganos estatales y del Gobierno, entre ellos la Policía, la Contraloría, la
Fiscalía y los Tribunales, que fueran los primeros en "dar ejemplo de
apego irrestricto a la Ley" y reforzar su autoridad ante la sociedad.
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