TC fallará en 4 meses acción busca anular contrato exclusividad de ICSS instalación rayos X puertos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En cuatro meses, el Tribunal Constitucional (TC), fallará el expediente de acción directa que busca la anulación del contrato de exclusividad entre el Estado dominicano y la empresa  ICSSI para la instalación de rayos X en los puertos.

En su dictamen, la Procuraduría General de la República, a través de procurador adjunto Ricardo Taveras Cepeda, pidió declarar no conforme con la Constitución la resolución 188-03, del 15 de diciembre del año 2003, emitida por el Congreso Nacional, el cual otorga un contrato de exclusividad a la  empresa ICSSI para instalar dichos equipos.

 En la instancia, de 14 páginas, el Ministerio Público pide que también se declare no conforme con la Constitución  cualquier disposición norma o acto cuya anulación resulte necesaria por conexidad, especialmente, el  contrato suscrito el 18 de julio del 2002, entre el Estado dominicano y la sociedad comercial ICSSI.

 El procurador adjunto emitió su dictamen, luego de que el TC le pidiera su opinión sobre un recurso de inconstitucionalidad que interpusiera el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las Asociaciones de Navieros de la República Dominicana, de Zonas Francas, de Zonas Francas de Santiago, de Industria de la República Dominicana y las  Cámaras Americana de Comercio, Americana de Comercio y Producción de Santiago.

El proyecto de instalación de rayos x para la supervisión de los furgones que entran y salen por los puertos del país es un negocio particular, que involucra a empresas norteamericanas y a ciudadanos dominicanos, establecido mediante una concesión negociada en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, y del que no se tienen detalles más que los aportados por el presidente de la República, Hipólito Mejía, en dos decretos de autorización.

Lo que es conocido se debe a los decretos 898-02 y 336-03, mediante los cuales el presidente autoriza la concesión con la empresa ICSS, S.A, que nadie ha podido identificar más allá de sus siglas, dispone la tarifa que se cobraría por el servicio, y autoriza a la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) a la facturación y cobro de los servicios a partir de la instalación de los equipos de rayos X.