SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara de
Cuentas de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo- PNUD- presentaron un estudio sobre la situación de los municipios
el cual pone en evidencia serias y preocupantes inobservancia a lo que
establecen las Leyes 176-07 y 10-04 en lo referente a la forma en que éstos son
administrados y como utilizan los recursos público.
El estudio se realizó en el
marco del proyecto de fortalecimiento institucional y operativo que implementa
el organismo internacional en la entidad fiscalizadora de control externo.
El estudio presentado por Licelott Marte de Barrios,
presidenta de la Cámara de Cuentas y Lorenzo Jiménez de Luís, representante
residente del PNUD en el país, indica que a diciembre del 2012, las 387
entidades municipales analizadas administraron RD$19,165.26 millones de pesos,
provenientes de los recursos captados por recaudaciones mediante transferencias
vía presupuesto o mediante el cobro de tasas y arbitrios municipales, recursos
equivalentes al 4.7% del gasto total del gobierno en el 2012, y que representan
un monto similar a los gastos realizados en asistencia social o seguridad
social.
En el caso de los ayuntamientos, el estudio señala
que, en el 2012 recibieron alrededor de 16 mil 174 millones de pesos, superior
a los recursos destinados por el Gobierno a la función de justicia y seguridad
ciudadana; mientras que los distritos municipales administraron cerca de 2 mil
962.9 millones, recursos que serían equivalentes a otorgar las transferencias
monetarias condicionadas del programa Comer es Primero a algo más de 400 mil
familias.
En ese sentido los resultados del estudio indican
que se evidencia debilidades o falta de mecanismos que permitan registrar
ingresos y gastos conforme al Manual de Clasificadores Presupuestarios de los
Ayuntamientos lo que resulta en inconsistencia en la información financiera e
impide el debido monitoreo de los recursos que estas entidades reciben. El
estudio señala importantes debilidades en materia de registro contables y
financieros de cumplimiento con los procedimientos contables y de control para
compras y pagos y/o gastos que exceden los montos aprobados.
Por igual, los resultados indican que se incumple
con lo establecido en la Ley No.176-07 que establece que los ayuntamientos y
juntas de distrito municipal deben gastar un 25% en gastos de personal, un 31%
en la realización de actividades y el funcionamiento de los servicios
municipales; por lo menos un 40% para obras de infraestructura, adquisición,
construcción y modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles
asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de pre-inversión e inversión para
iniciativas de desarrollo económico local y social y un 4% dedicado a programas
educativos, de género y salud.
Contrario a lo establecido, el estudio refiere que
en 85 de estas entidades, el gasto en servicios personales sobrepasa el 25%, en
81 el gasto en servicios municipales supera el 31% que dice la Ley, mientras
que en 98 se gasta menos del 40% en obras de infraestructura y en 100, el gasto
en programas educativos, género y salud es inferior al 4% fijado por la Ley No.
176-07.
Con respecto a la práctica de presupuesto
participativo, sólo 53 de 155 ayuntamientos y 36 de 230 distritos municipales
reportan a la Cámara de Cuentas la participación de la comunidad en el destino
del 40% de los fondos destinados a obras de capital; sin embargo señalan que no
se ha encontrado evidencias de que se hace un seguimiento periódico al
cumplimiento del compromiso asumido con la comunidad a través de esa
herramienta.
No hay comentarios.: