PORT OF-SPAIN.- La Comunidad del Caribe (Caricom) se
reunirá este martes en la que el organismo adoptará “iniciativas eficaces”
sobre la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que Haití y otras
naciones y organismos internacionales rechazan porque supuestamente afecta a
miles de dominicanos de ascendencia haitiana.
El encuentro se
realizará a instancias de la primera ministra de ese país y actual presidenta
del Caricom, Kamla PersadñBissessar, y en respuesta a una iniciativa del
secretario general del organismo, Irwin LaRocque, y del primer ministro de San
Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, que esta semana exigieron “una
posición sólida sobre la cuestión”.
El Caricom evaluará la decisión del tribunal, que en
septiembre pasado falló que una mujer de ascendencia haitiana, Juliana Deguis
Pierre, no tiene derecho a la nacionalidad dominicana porque nació de padres
cuya condición de “extranjeros en tránsito” la excluye de optar por ese
derecho.
El presidente haitiano Michel Martelly y su
cancillerPierre-Richard Casimir viajarán este martes a Venezuela, para exponer
la posición de su gobierno con respecto a la sentencia.
El asunto ya fue planteado a principios de este mes
por el primer ministro Laurent Lamothe a las autoridades venezolanas en
Caracas, adonde este jueves viajó una misión dominicana para explicar el
alcance de la sentencia.
Esta misma semana, San Vicente y las Granadinas
recomendó bloquear el ingreso de República Dominicana al Caricom, y sugirió
suspenderla del Cariforo, un organismo vinculado al grupo Asia, Caribe Pacífico
(ACP).
El primer ministro de San Vicente también planteó
que Venezuela debía hacer lo mismo con Petrocaribe, la iniciativa que permite a
República Dominicana acceso a petróleo venezolano en condiciones
preferenciales.
En respuesta, la Cancillería dominicana calificó la
propuesta del funcionario vicentino como “improcedente y carente de toda base
legal”, y puso énfasis en la soberanía de los Estados para adoptar sus propias
decisiones.
En general, el gobierno dominicano ha dado garantías
de que la sentencia se aplicará con estricto apego a los derechos de las
personas que se sientan afectadas y sobre la base de una genuina preocupación
humanitaria.
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