En un intento por garantizar la transparencia de los
procesos previo a la subasta del periódico El Vocero y descartar que dos
empresas se hayan puesto de acuerdo para prevalecer en la puja, el Departamento
de Hacienda solicitó a la síndico Noemí Landrau Rivera más información sobre la
cesión de sus derechos de acreedor que realizó la empresa Caribbean Media LLC
(CM) a favor de la empresa Publi Inversiones.
En una “objeción limitada”, el abogado de Hacienda,
Michael Richman, sostiene que alberga serias dudas sobre la validez de la deuda
que presuntamente CM le cedió a la corporación Publi Inversiones.
Incluso, Richman argumenta que CM nunca firmó el
contrato del préstamo que le concedió a CIN, según surge de los anejos que acompañan
la estipulación presentada por la síndico. “Hasta el momento no se han aportado
pruebas para demostrar que alguna vez hubo un acuerdo firmado, o que la
cantidad que se alega comprende la deuda de CM se le entregó al deudor (CIN).
Los proponentes no ofrecen confirmaciones de transferencias electrónicas,
talonarios de cheques, historial de pagos de préstamos y otra evidencia que
apoye las supuestas cantidades”, reza la moción.
Según Richman, en ausencia de evidencia detallada
que compruebe que tal préstamo se efectuó, Publi Inversiones no podría reclamar
derechos sobre la deuda de CM. Esto podría provocar una reducción de la
acreencia reconocida por la síndico a Publi Incversiones de $1.5 millones y,
como consecuencia, un aumento de la cantidad de efectivo que debería aportar la
empresa para mantener su oferta de $1.9 millones.
En la moción, el abogado indica que la divulgación
de las condiciones de la cesión son necesarios para descartar la posibilidad de
que CM y Publi Inversiones hayan cometido colusión -ponerse de acuerdo dos
empresas para afectar a un tercero- para prevalecer en la puja y “evitar que la
subasta fuera un proceso competitivo”.
Para documentar más su precepción de que ambas
empresas podrían haber cometido colusión, Richman recuerda que CM había
objetado la venta del diario a Publi Inversiones bajo el capítulo 11, porque
incluía el sitio de internet, vocero.com. El sitio de internet es propiedad de
la empresa Multi Media Enterprises, LLC, que es una de las afiliadas de CIN. En
ese momento CM se opuso a la venta porque vocero.com constituía una colateral
que garantiza parte del préstamo de $2.5 millones que le concedió a CIN. Pero
recientemente CM radicó una moción para retirar esa objeción.
“Hacienda está preocupado por la posibilidad de
colusión teniendo en cuenta CM fue un postor interesado para el sitio de
internet, pero a raíz de su reciente cesión de deuda a Publi Inversiones,
parece que no va a pujar por los activos o para retener un crédito
garantizado,lo que podría ser utilizado en un intento (posterior) de crédito
por el sitio en internet”, indica la moción.
A su vez Richman exigió que se revelen las bases
legales que permitieron incluir el sitio de internet vocero.com, como parte de
los activos que serán subastados.
El abogado también solicitó que Hacienda pueda estar
presente en la subasta y reclamó información sobre si otros activos de las
empresas afiliadas de El Vocero integrarán la subasta. Para garantizar la
participación de más licitadores el abogado pidió que la subasta sea informada
en periódicos de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Además, reclamó un plazo
de 24 horas, previo a la subasta, para calificar a los licitadores interesados.
Si estas dos últimas solicitudes fueran aceptadas es muy posible que la subasta,
pautada para el próximo viernes, sea suspendida y celebrada en otra fecha. Esta
decisión podría colocar en aprietos el calendario de la síndico, quien ha
sostenido que no tiene dinero para operar más allá del 30 de noviembre.
El viernes en la tarde la jueza Cabán Flores le
ordenó a Landrau Rivera que hoy lunes a las 12:00 del mediodía debía responder
a la moción de Hacienda y a las 5:00 de la tarde Richman deberá informarle a la
jueza si la información provista por la síndico le satisface o si es necesario
celebrar una vista para examinar sus reclamos, la cual fue pautada de manera
provisional para el miércoles a las 9:00 de la mañana.
El caso de CIN, que se encuentra en la Corte de
Quiebras desde septiembre, se ha convertido en uno de alto interés público
debido a que entre los más de 900 acreedores del diario se encuentran el
Municipio de San Juan, el CRIM, el Departamento de Hacienda y el Departamento
del Trabajo, el Fondo del Seguro del Estado, entre otros.
En las pasadas semanas, el expediente del caso había
seguido abultándose tanto con mociones de las partes interesadas como de la
síndico. El viernes 8 de noviembre, la síndico Landrau Rivera, radicó una
moción en el sistema digital del Tribunal Federal de Quiebras, en la que pautó
para el próximo 22 de noviembre la celebración de la subasta del diario El
Vocero.
En la moción también dispuso que la puja para
adquirir el periódico comenzará en US$2 millones y las ofertas de los postores
que se presenten al proceso deberán exceder esa cantidad inicial en no menos de
$100,000. Esa misma noche la síndico radicó otra moción en la que le solicitaba
a la jueza Mildred Cabán Flores, quien está a cargo el caso de quiebra del
periódico, que limitara a doce días el periodo para que los acreedores presenten
objeciones a su propuesta para celebrar la subasta, término que concluiría el
20 de noviembre.
Por
MIGUEL DÍAZ ROMÁN/Endi
No hay comentarios.: